- Alaya le pide a la Junta que no le quite los refuerzos del juzgado. Remite dos escritos a la Delegación de Justicia y al TSJA quejándose porque a partir de hoy se queda sin una funcionaria de refuerzos y recordándole la situacion de desbordamiento
¿Quien combate el «crimen organizado en sus manifestaciones más graves» por incumplimiento de la legalidad?
La falta de medios de la Ilma. Sra. Magistrada, para la defensa del interes público de todos inadmisible.
Y esto pasa porque ¿La Junta colabora con quien colabora ?
- Alaya pide a Educación los certificados y los diplomas de los cursos de formación. Solicita al SAE los planes de evaluación y seguimiento de las acciones de formación
- El ex consejero Ojeda huye de la juez Alaya y pide que no instruya su caso
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140930/sevi-alaya-pide-junta-quite-201409301350.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140930/sevi-alaya-pide-educacion-certificados-201409301304.html
http://www.porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/4674-el-ex-consejero-ojeda-huye-de-la-juez-alaya-y-pide-que-no-instruya-su-caso
http://www.porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/4664-el-supremo-autoriza-a-la-juez-alaya-a-seguir-instruyendo-el-caso-ere-mientras-resuelve-su-competencia
Alaya le pide a la Junta que no le quite
los refuerzos del juzgado
Día 30/09/2014 - 14.16h
Remite dos escritos a la Delegación de Justicia y al TSJA quejándose porque a partir de hoy se queda sin una funcionaria de refuerzos y recordándole la situacion de desbordamiento
Los recortes que la Junta de Andalucía está aplicando en los juzgados y, más concretamente en el juzgado número seis que instruye los casos de los ERE y los cursos de formación no han sentado nada biena la juez Mercedes Alaya.
Y es que, como informó ABC la Delegación de Justicia comunicó al juzgado la pasada semana que la funcionaria interina de refuerzo que prestaba labores de auxilio de 9 a 12 en el juzgado de Alaya dejará a partir de hoy de prestar ese servicio y se quedará realizando estas mismas tareas en otro órgano en los juzgados del edificio Noga. Lo que supone que a partir de mañana solo habrá un agente judicial, cuya jornada está dedicada casio por entero al sumario de los cursos de formación.
Por ello la juez ha enviado hoy una carta dirigida tanto a la Delegación de la Consejería de Justicia como al TSJA para solicitar que esterefuerzo no sea eliminado e incluso que se nombre personal de apoyo para cubrir la baja de otra trabajadora y tener otra persona de refuerzo.
Al parecer en el escrito la juez también se queja de la escasez de medios personales y con los que cuenta pese a que no solo lleva el sumario de los ERE sino también el de los cursos de formación. En este sentido asegura que han surgido «disfunciones» a raiz de los recortes y que ello está provocando una grave dificultad para el correcto desarrollo del trabajo del juzgado.
La juez, que también recuerda que el juzgado no está exento del reparto ordinario de trabajo, recuerda que , la funcionaria que lleva los ERE, está de baja y otra de las funcionarias que la auxilian se encuentra embarazada de cuatro meses por lo que es previsible que se dé de baja en los próximos meses.
Y a ello se une que el sumario de los cursos de formación va ya por dos millones de folios (los expedientes que le ha enviado la Junta de Andalucía) que se encuentran amontonados en un despacho a la espera de ser digitalizados. Y aún quedan otros tres millones por llegar.
Alaya pide a Educación los certificados y los diplomas de los cursos de formación
Día 30/09/2014 - 14.12h
Solicita al SAE los planes de evaluación y seguimiento de las acciones de formación
La juez Mercedes Alaya sigue pidiendo documentación a la Junta de Andalucía dentro del sumario que instruye sobre los cursos de formación. En un nuevo auto al que ha tenido acceso ABC, la juez solicita a la Consejería de Educación que le remita en el plazo de diez días los certificados de asistencia y diplomas relativos a las acciones formativas subvencionadas en virtud de varios expedientes a favor de la FAFFE de los años 2003, 2006, 2008 y 2009.
Además, en el mismo auto la magistrada también solicita al SAE que le aporte los planes de evaluación y seguimiento o instrumentos anteriores similares desde 2002 a la actualidad, para el adecuado control de las acciones formativas y las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de dichos planes ya sea por el SAE o por consultorias privadas.
Esta petición se suma a los anteriores autos en los que la juez había solicitado a la Junta de Andalucía todos los expedientes de los cursos. De hecho, el juzgado ya tiene amontonados en un despacho más de dos millones de folios de papeles de expedientes enviados por la administración autonómica. Hasta ahora están imputados en este sumario los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y el de Hacienda, Ángel Ojeda.
El ex consejero Ojeda huye de la juez Alaya y pide que no instruya su caso
Ojeda detenido
Por ello, la defensa de Ojeda considera que la investigación sobre las ayudas que la Junta de Andalucía le concedió para los cursos de formación debe permanecer en el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, que se ha inhibido en favor de la juez sevillana Mercedes Alaya. La magistrada ha imputado ya a Ojeda en la macrocausa que tiene abierta sobre los cursos de formación desde el año 2001. Además, se le añade en Cádiz sus sospechosas relaciones con la ex alcaldesa socialista de Sanlúcar de Barrameda que le concedió el uso privativo de una residencia donde desarrollar los proyectos subvencionados por la Junta.
Para conseguir escapar de la instrucción de la juez Alaya, Ojeda ha recurrido el auto de inhibición del magistrado de Cádiz Miguel Ángel López Marchena. Aduce que no está acreditado que Alaya comenzara a investigar antes los hechos que se analizan. Además, subraya que Alaya pone el foco en la concesión de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo, mientras el juez López Marchena se centra en la gestión de las ayudas que hizo Ojeda para hacer los cursos. O sea, que los dos juzgados no investigan los mismos hechos. Ojeda subraya que los juzgados investigan subvenciones excepcionales concedidas por la Consejería de Empleo, pero también otras concedidas a empresas suyas por el delegado de este departamento en Cádiz.
Contra su intento, están los hechos consumados de que dos juzgados ya se han inhibido en favor de la instructora de los ERE. Pero no es la primera vez, inorma El País, que Ojeda quiere huir de las "garras" de Alaya. Ya en la causa que tiene abierta en los juzgados de Algeciras por unos cursos de formación, también recurrió ante el juez que se inhibió y posteriormente ante la Audiencia de Cádiz, que aún no ha resuelto la cuestión.
Si hay tardanza en resolver, será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que resuelva quién investiga los cursos de formación.
Recuérdese que la policía detuvo a Ojeda el pasado 6 de agosto acusado de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida y, tras prestar declaración en el juzgado gaditano, salió en libertad. Un mes después la fiscalía promovió la inhibición de este órgano judicial a favor de Alaya. Finalmente el 24 de septiembre López Marchena se inhibió a favor de Alaya.
10 días antes de la inhibición de López Marchena, la juez Alaya que lleva ya el caso de la formación imputó a Ojeda por prevaricación y malversación continuados. Alaya le acusa de recibir 33 millones en subvenciones excepcionales a la formación y la contratación a través del grupo Prescal.
Extrañas connivencias de Ojeda con la ex alcaldesa de Sanlúcar, donde vive en un chalet
El diputado autonómico del PP Rafael Ruiz Canto acusa al ex consejero Ojeda de tener «vinculación directa» de la exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y secretaria provincial del PSOE, Irene García.
Argumenta, para sostener su acusación, que los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento sanluqueño y el «entramado» asociativo de Ojeda para cursos de formación, fueron escandalosos.
Ruiz Canto asegura que la exalcaldesa de Sanlúcar y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quitó las competencias a la gerente de Urbanismo «exclusivamente para la concesión del uso privativo de la Residencia Jesús Maestro a favor de Ojeda». Por ello, además de la vía judicial, exige se asuma la responsabilidad política por complicidad con la corruptela.
El diputado popular habló además de las «coincidencias» de fechas entre la firma de los acuerdos y la concesión de subvenciones. Al respecto, señala que «el 16 de diciembre de 2010 se registró una solicitud de Forpe pidiendo la concesión de uso privativo del bien inmueble de dominio público local de 5.500 metros cuaadrados ubicado en la parcela en la que se sitúa la Residencia Escolar Jesús Maestro», justamente «13 días antes de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y Forpe». Y por un plazo mayor de 50 años.
«Que dé la cara»
Se asombra Ruiz Canto de que en sólo dos días fueron capaces de preparar, gestionar y prácticamente resolver todo un expediente administrativo de cesión de una parcela de más de 5.500 metros cuadrados de uso público para hacerlo privativo, por un plazo no menor a 50 años.
El Supremo autoriza a la juez Alaya
a seguir instruyendo el caso ERE
mientras resuelve su competencia
Se sabe porque la propia juez dijo a la abogada de un imputado citado a declarar que disponía de permiso del Tribunal Supremo para continuar con la instrucción y que tal autorización se la habían comunicado por teléfono. Según ABC, esta forma de comunicación entre el Supremo y la juez no es habitual, pero permite a la juez seguir instruyendo en paralelo el caso de los ERE y el del fraude de los cursos de formación.
La autorización del Tribunal Supremo, que contradecía de ese modo a la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla que había pedido el cese de la instrucción, fue conocida el pasado martes. Cuando la juez tomaba declaración a uno de los directivos de Vitalia, Jesús Bordallo, su abogada Ángela Nieto informó a la magistrada de que su cliente no iba a declarar ante ella porque ya no era competente para seguir instruyendo el caso.
Alaya respondió a la letrada que sí era competente porque el Supremo le había comunicado por teléfono que contaba con su autorización para seguir instruyendo la causa.. Luego, la respuesta del Supremo confirmó la afirmación de Alaya: “La juez tiene plena competencia de la instrucción mientras se resuelve la exposición razonada”, informó un portavoz.
Como es ya sabido, al Tribunal Supremo compete resolver si asume la causa debido a la presencia de nueve altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Aunque Alaya seguirá instruyendo mientras resuelve sl Alto Tribunal, es una excepción ya que lo normal según la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que la juez detuviera sus diligencias que afectasen a aforados. Pero en el mismo artículo 21 de la mencionada ley se añade que el Supremo podrá autorizar “entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas”. Como no se ha hecho público qué diligencias considera el Supremo de urgencia o necesidad manifiestas, el conflicto parece inevitable. La Fiscalía podría exigir que Alaya dejase de instruir pero no lo ha hecho. Sólo ha exigido a la juez Alaya que tuviera el permiso del Tribunal Supremo para seguirlo haciendo mientras se resuelve la competencia.
Más aún tras la declaración del expresidente de Vitalia Eduardo Pascual sobre el desvío de 18 millones procedentes del fondo de los ERE para cuatro empresarios “vinculados” al PSOE federal que invirtieron en República Dominicana. La previsible consecuencia de este testimonio será la imputación de dichos empresarios, entre otras personas, dadas las diligencias precedentes en la instrucción de Alaya.
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