martes, 9 de septiembre de 2014

Importante Maxima difusión. Caso de los ERE....Ya hay 227 acusados. Uno de los imputados es el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo + Estatutos de IDEA y Consejo Rector....

TRIBUNALES. Ya hay 227 acusados.La juez Alaya imputa a 20 personas más en el caso de los ERE. 



Si colaboras con los junteros e informas o firmas.......pasa lo que pasa...


La Fiscalía Anticorrupción se opone al recurso de la Junta contra la juez Alaya


  •  Uno de los imputados es el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo.
  • Considera que debe seguir instruyendo la causa mientras no reciba respuesta del TS.


¿Quien decide y permite la atribución a personal laboral digital el ejercicio de potestades públicas y las funciones que estas conllevan = delito de usurpación de funciones públicas? ¿Quien informa favorablemente las normas para cubrir la quiebra irreversible del ordenamiento jurídico administratvo????


 Administración instrumental 

Administración paralela = Régimen Andaluz.




Expolio fondos públicos  ERES, Formación.....= SAE, FAFFE, Invercaria, IDEA.... Administración instrumental juntera = Admon. paralela....





La Agencia de Energía ya ha sido recurrida al TSJA, con las aportaciones recibidas; ahora queda a Agencia IDEA.... cruzarnos de brazos, no es de recibo....




"ingeniería jurídica y juntera", en fraude de ley,   ni funciones y potestades públicas ejercidas por personal laboral digita, ni dependencia funcional de funcionarios de las Agencias públicas empresariales: ejemplo Agencia de Energía, IDEA....y vendrán mas...los junteros te roban parte de tu salario -pagas extras-  y tu trabajo se lo dan en fraude de ley a su personal digital.....


Como servidores públicos, no podemos quedarnos impasibles ante el latrocinio juntero..hay que acudir nuevamente a los tribunales para destapar este fraude para el desvío del dinero público de todos.....




¿Ingeniería jurídica ysubversión del ordenamiento jurídico para el reparto ilícito de fondos publicos.?


Boja número 171 de 03/09/2014. Decreto 122/2014, de 26 de agosto, por el que se modifican los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero.





Decreto 122/2014, de 26 de agosto, por el que se modifican los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,

Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Régimen jurídico y ejercicio de potestades y prerrogativas públicas.

1. La Agencia como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, se rige por la Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía, y está sometida a los principios de actuación de interés público, rentabilidad social, calidad, responsabilidad social corporativa y buen gobierno
2. La Agencia se rige por el Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de 
la voluntad de sus órganos, responsabilidad patrimonial, y con el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y, en los aspectos específicamente regulados por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, por los presentes estatutos, y por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. En los restantes aspectos se regirá por el Derecho Administrativo o por el Derecho Privado según lo que su particular gestión empresarial requiera.
3. El régimen de contratación será el establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
4. Asimismo, para el cumplimiento de su objeto la Agencia podrá ejercer por los órganos que las tengan atribuidas en los presentes Estatutos las siguientes potestades y prerrogativas públicas:

a) Las derivadas del ejercicio de la potestad subvencionadora.
b) La revisión en vía administrativa de sus actos y acuerdos y las derivadas del ejercicio de la potestad 
de autotutela de las Administraciones Públicas.
c) La de fe pública y de certificación respecto de los actos y acuerdos dictados por la Agencia.
d) Aquellas prerrogativas que la legislación le atribuya; y en materia de contratación: las prerrogativas de interpretación, modificación y resolución de contratos administrativos.

5. El ejercicio de las anteriores potestades administrativas corresponderá a la Presidencia, al Consejo Rector, a la Dirección General y a las Gerencias Provinciales. Las potestades y prerrogativas públicas previstas como tales en estos Estatutos, se ejercerán en los términos del artículo 69.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero.
En todos aquellos supuestos previstos en los presentes Estatutos en los que un órgano pueda actuar en funciones, por suplencia o por delegación de otro, si dicha actuación implica el ejercicio de alguna potestad administrativa, será necesario que en la persona que actúe en funciones, como suplente o como delegada, concurran los requisitos de este apartado. 
6. La Agencia tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía y de los poderes adjudicadores dependientes de aquella, estando obligada a realizar los trabajos y prestación de servicios que éstos les encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y restante normativa de aplicación.
7. De conformidad con la legislación procesal dictada por el Estado, la Agencia estará sometida a las normas procesales comunes sobre competencia y jurisdicción aplicables a las Administraciones Públicas y a las personas de Derecho Privado en el caso de actuar de acuerdo con él, sin perjuicio de las especialidades que procedan en virtud de su naturaleza de Agencia Pública Empresarial.»

CASO INVERCARIA 

Anticorrupción apunta a todo el Consejo Rector de IDEA





La Fiscalía no descarta que sea imputado por los acuerdos que tomó para utilizar los presupuestos de la Junta de Andalucía.


....y mientras  la Andalucía del Régimen  sigue su curso.......



Paciencia y perseverancia, para seguir haciendo lo que debemos....lo próximo recurrir la modificación de los Estatutos de la Agencia IDEA, ya hemos pedido presupuesto, somos más de 23.000 funcionarios, si todos ayudamos....todo resulta más fácil...tu decides...



Conclusión...





TRIBUNALES Ya hay 227 acusados

La juez Alaya imputa a 20 personas más en el caso de los ERE


  • Uno de los imputados es el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo

  • Considera que debe seguir instruyendo la causa mientras no reciba respuesta del TS

  • La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha imputado en la causa a otras 20 personas --la causa alcanza ya los 227 imputados--, entre ellas al jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta, Antonio Lamela, a este último en relación a la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva, subvención que estaba siendo investigada en una pieza separada pero que finalmente se ha acumulado al caso.
    En un auto notificado este lunes a las partes personadas, la magistrada Mercedes Alaya imputa tanto al abogado de la Junta como a otras 19 personas, a todas las cuales cita a declarar los días 22, 23, 24, 25 y 30 de septiembre, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregara el pasado 29 de agosto los atestados correspondientes a las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.
    Asimismo, la juez ha citado a declarar durante esos días a otras 21 personas que ya estaban encausadas pero a las que amplía su imputación, entre ellos exaltos cargos de la Junta como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; los ex viceconsejeros del ramo Agustín Barberá y Justo Mañas; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Antonio Valverde.
    La juez ha dictado este auto después de que el pasado mes de agosto elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo por la existencia de indicios contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros, pues considera que mientras el Supremo no se pronuncie sobre su competencia para investigar a dichos aforados, "la competencia para seguir conociendo de estas diligencias cuya instrucción no debe demorarse, corresponde a este Juzgado". "Procede por ello continuar instruyendo la presente causa", alega.
    En este marco, la instructora explica que "el ámbito temporal de la presente investigación alcanza las subvenciones sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo, con cargo al programa presupuestario 31L, hasta el decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, el cual fue convalidado por el pleno del Parlamento en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2012", motivo por el que "deben formar parte de la presente instrucción las diligencias previas" correspondientes a la subvención excepcional otorgada a Astilleros de Huelva el 17 de noviembre de 2011.
    Al hilo de ello, la juez asevera que la referida subvención se otorgó el 17 de noviembre de 2011 y "fue pagada inmediatamente el 27 de diciembre siguiente", todo ello "al margen de la orden de fecha 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sociolaborales", añadiendo que "esta ausencia de aplicación de la referida orden fue objeto de reparo en su momento por la Intervención Delegada exigiendo que al expediente se le diera la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad".
    La instructora explica que dicho informe, de 15 de septiembre de 2011, fue realizado por el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela, "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y "siguiendo indiciariamente las instrucciones políticas de este último, del que dependía jerárquicamente".
    Alaya critica que el informe "justifica la inaplicabilidad de la citada orden bajo el peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarlas los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, en el que es la empresa la que obtendría los recursos económicos para financiar las obligaciones indemnizatorias que tiene con sus trabajadores y es la que ha solicitado la subvención excepcional, razón por la que según manifiesta no resultan de aplicación de dichas bases".
    A juicio de la juez, "el razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo 2 de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas en ella reguladas la superación de una fase preliminar, y que la misma se iniciará a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes".
    "Lo único que hubiera sido necesario es complementar la petición inicial de la empresa y los administradores concursales con la solicitud de los representantes de los trabajadores que figuran en el acta final del periodo de consultas, o reformular la solicitud como además se requirió a la empresa por la Dirección General de Trabajo de acuerdo con lo exigido por la Intervención Delegada", sostiene la juez, que concluye que "se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable por la Consejería de Empleo, dictando el consejero Manuel Recio una orden favorable de concesión de fecha 17 de noviembre de 2011 en la que se declara expresamente que de la ayuda serán beneficiarios 'los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".
    La magistrada destaca que en la resolución de esta ayuda "consta que fue aprobada por el Consejo de Gobierno", imputando a Antonio Lamela por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y citándolo a declarar el próximo día 25 de septiembre.
    En relación a los ERE de los años 2001 y 2004 de Hitemasa, que recibió 32,2 millones en subvenciones, la juez imputa a 14 personas, entre ellas los expresidentes del Consejo de Administración de la empresa Manuel Márquez y Antonio Moreno y los consejeros Francisco Naranjo, Juan González, Amparo Alarcón y Guillermo Valderrama, así como a ocho 'intrusos' de ambos ERE que recibieron cantidades que oscilan entre los 37.487,85 y los 61.588,63 euros.
    Asimismo, y en cuanto al ERE de Samec, la juez imputa a dos personas, entre ellos el gerente, Marcos Guerra, quien "contactaría" con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas "a través del entorno de Ruiz-Mateos para la financiación de las prejubilaciones de trabajadores de la empresa en el año 2007 por parte de la Junta", añadiendo que Lanzas "cobraría por su intervención como conseguidor de la referida financiación al menos 487.200 euros".
    "El inculpado, conociendo la actuación ilícita de Lanzas y la consecución de fondos públicos de forma arbitraria para Samec, cooperaría con el citado Lanzas en facilitarle el trabajo en la empresa, siendo retribuido por él en la suma de 24.360 euros con cargo a los fondos públicos andaluces", sostiene la instructora, que también imputa a Rodolfo Verginella, administrador de hecho y apoderado de Samec.
    En cuanto al ERE de Primayor, la juez ha imputado al jefe de Personal, Luis Sobrino; al director de Recursos Humanos, Felipe Monforte, y al director general, Ramón Portal, los cuales "instaron un ERE para 50 trabajadores que fue financiado en el 91 por ciento por la Junta, con total ausencia de procedimiento".
    La juez llama la atención sobre el hecho de que, en el ERE, "estaba incluido el propio Luis Sobrino, percibiendo 2.400 euros mensuales".
  • CASO INVERCARIA Anticorrupción apunta a todo el Consejo Rector de IDEA

    La Fiscalía no descarta que sea imputado por los acuerdos que tomó para utilizar los presupuestos de la Junta de Andalucía.


    ¿Subversión del ordenamiento jurídico para el reparto ilícito de fondos publicos.?



    ....y  la Andalucía de siempre sigue su curso.......


    ANDALUCÍA CASO INVERCARIA

    Anticorrupción apunta a todo el Consejo Rector de IDEA

    La Fiscalía no descarta que sea imputado por los acuerdos que tomó para utilizar los presupuestos de la Junta de Andalucía


    Hasta ahora el juez que instruye el caso Invercaria había imputado a la cúpula de la Empresa de Capital y Riesgo además de a numerosos empresariosSin embargo todo apunta a que todo el consejo rector de laAgencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) podría ser imputado, según se desprende de los últimos escritos unidos al sumario.
    De hecho, así lo apunta la propia Fiscalía Anticorrupción en uno de los escritos en los que se posiciona a favor de que el sumario de Invercaria se divida en distintas piezas (una por cada empresa)tal y como ha dispuesto el juez.
    Así, en ese escrito, formulado para oponerse a los recursos en los que lasdefensas de los imputados se oponen a que se divida la causa, Anticorrupción asegura que, aunque no es el momento procesal de una calificación de los hechoslos acuerdos y decisiones del de Invercaria y también los del presidente y y consejo rector de la agencia IDEA con fondos procedentes de los presupuestos de la Junta de Andalucía«podrían ser indiciariamente constitutivos de delito de prevaricación en concurso con delito de malversación».
    Aunque será el juez Juan Gutiérrez Casillas el que tenga la última palabra, todo apunta a que si así lo pide el fiscal el Consejo Rector de IDEA (ya imputado en los ERE) podría serlo también en esta causa. Y eso que el juez rechazó hace varios meses una petición del PP en ese sentido para que se imputase a todo el Consejo Rector e incluso al que fue consejero de Innovación, Francisco Vallejo. Habrá que ver qué hace ahora si es el fiscal anticorrupción el que así se lo pide.

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