martes, 1 de julio de 2014

Las cuentas de los sindicatos = UGT y ¿en que gastaban el dinero público de todos, otorgados durante 12 años por la Junta de Andalucía????

... las cosas no  ocurren por casualidad.....





  • Los frentes de UGT con la Justicia. Cerco judicial a las cuentas del sindicato.  La 'operación Cirene' confirma que la financiación irregular no era excepcional. 
  • LAS CUENTAS DE LOS SINDICATOS. La investigación judicial pone bajo sospecha la financiación de un congreso clave en UGT. Los empresarios detenidos en la operación 'Cirene' fueron los proveedores del sindicato para su IX cónclave regional, el de la última reelección de Manuel Pastrana. El congreso supuso un desembolso de más de medio millón de euros y la Junta pagó el 85%


El ya ex secretario general de UGT-Andalucía Manuel Pastrana, en el...

  • UGT-A se retracta y dice ahora que pagará la defensa a sus imputados. Carmen Castilla negó tajantemente que fuera a hacerlo en una entrevista en abril.  La líder de UGT-A descarta que vaya a suspender de militancia a los tres imputados. El sindicato UGT de Andalucía pagará los abogados a los tres imputados relacionados con la organización que fueron detenidos la pasada semana en el marco de la segunda fase de la operación Cirene por haber participado presuntamente en la financiación supuestamente ilegal del sindicato durante 12 años gracias a subvenciones de la Junta de Andalucía. 

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en un acto en...


http://www.elmundo.es/economia/2014/06/28/53af207222601dda2a8b4579.html





CONOMÍA Y EMPRESAS Los frentes de UGT con la Justicia

Cerco judicial a las cuentas del sindicato


La 'operación Cirene' confirma que la financiación irregular no era excepcional

La reanudación esta semana de la 'Operación Cirene' contra la financiación irregular de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Andalucía, que ha supuesto la detención y puesta a disposición judicial de un total 16 imputados (entre los que destaca el ex tesorero regional y una miembro de la actual dirección nacional del sindicato), viene a ratificar que las facturas falsas que destapó EL MUNDO hace prácticamente un año, lejos de ser algo excepcional o irrepresentativo dentro de la contabilidad ugetista, han constituido una fuente de financiación fundamental para la organización que encabeza Cándido Méndez.
Lo evidencian las primeras conclusiones de los investigadores de la Guardia Civil. Tras meses cotejando las enmarañadas cuentas, el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO sostiene que el desvío "sistemático" de las subvenciones multimillonarias para los cursos de formación de desempleados, que deberían haberse destinado íntegramente a la lucha contra la lacra del desempleo, se fue "perfeccionando" a lo largo del tiempo hasta el punto de que se habría convertido en "la vía más importante en la financiación" de los ugetistas andaluces.
Desviar subvenciones es su "vía más importante de financiación", dice la UCO
El mecanismo es relativamente sencillo e incontrolable en la fiscalización administrativa de los expedientes de ayudas. Tras contratar bienes o servicios a una empresa, UGT reclamaba que la factura se conceptuara con cargo a un programa subvencionado, aunque el bien o el servicio prestado por el proveedor no tuviera relación alguna con los fondos a los que se cargaba el importe.

Las huellas de los correos electrónicos

Innumerables correos electrónicos cruzados demuestran que el sindicato dictaba los recibos y que muchos empresarios accedían a sus pretensiones, algunos de ellos apercibidos de que ése era el único modo que tenían para cobrar sus trabajos. Así es como se explica que ayudas para la negociación colectiva terminaran costeando fiestas nocturnas en la Feria de Sevilla o que sefalsificaran 700 maletines en Asia con cargo a programas de formación profesional: el escándalo se ocultaba en la facturación.
Si quien emitía la factura de UGT era un proveedor habitual, el sindicato le exigía rápeles o descuentos de hasta el 20%. El problema es que esas rebajas se convertían en mordidas cuando se efectuaban sobre facturas pagadas íntegramente con fondos de subvenciones. Ese dinero público no podía servir para la sobrefinanciación del sindicato, menos aún a espaldas de la Junta de Andalucía.

El famoso 'bote' de UGT

A las empresas que más facturaban, UGT les pedía también recibos con cargo al famoso bote. Y es que, para cerrar ejercicios presupuestarios, se acordaba con algunos proveedores la emisión de facturas infladas o directamente falsas con las que terminar de rebañar hasta el último céntimo de las ayudas públicas. Al igual que con los rápeles, la gestión de los famosos botes se sofisticó incorporándose al sistema informático de la contabilidad interna de UGT-A.
Los costes del funcionamiento ordinario del sindicato también se imputaban sistemáticamente a los programas de formación de parados: desde los sueldos del personal de estructura hasta los servicios de limpieza de los despachos de los dirigentes andaluces de UGT, pasando por el coste del mantenimiento de los aires acondicionados o incluso por los vigilantes de seguridad de sedes donde no se impartían los cursos formativos.
De momento, los máximos responsables del sindicato no han sido detenidos ni citados a declarar por el juez. La mayoría de los imputados que han quedado en libertad tras prestar declaración en el juzgado son empresarios que se habrían prestado al maquillaje de los recibos o directamente a la emisión de facturas falsas. No obstante, la declaración del ex tesorero de UGT Andalucía Federico Fresneda compromete seriamente a toda la antigua cúpula del sindicato, que parece condenada de antemano a rendir cuentas sobre los abusos flagrantes que siempre negó.
LAS CUENTAS DE LOS SINDICATOS

La investigación judicial pone bajo sospecha la financiación de un congreso clave en UGT

  • Los empresarios detenidos en la operación 'Cirene' fueron los proveedores del sindicato para su IX cónclave regional, el de la última reelección de Manuel Pastrana

El ya ex secretario general de UGT-Andalucía Manuel Pastrana, en el...

La investigación judicial en marcha sobre la financiación irregular de UGT Andalucía ha puesto en entredicho prácticamente toda la organización del IX congreso regional 'ugetista', el de la última reelección de Manuel Pastrana como secretario general del sindicato en Andalucía, un cónclave que se celebró en Sevilla hace casi cinco años y donde buena parte de los empresarios detenidos el pasado martes por la Guardia Civil facturaron importantes cantidades por servicios cargados regular o irregularmente a los fondos públicos.
La celebración del IX congreso supuso en su momento un desembolso de más de medio millón de euros. En concreto, según la contabilidad interna de UGT, la cita costó 563.019,14 euros, de los que la Junta de Andalucía terminó abonando el 85 por ciento del total, en números redondos unos 475.000 euros. Y algunos proveedores del sindicato, que los especialistas de la UCO habrían corroborado que inflaban los recibos o directamente emitían facturas falsas al dictado de UGT, fueron las que terminaron repartiéndose el pastel.
Por ejemplo: Publicar D&M, de las hermanas Mónica y Diana Corredero (que han reconocido ante el juez que modificaron el concepto de las facturas), ingresó 100.776,14 euros por los famosos 700 maletines de Salvador Bachiller que el sindicato ordenó falsificar en Asia y los 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos que se regalaron a los asistentes al congreso, en buena parte pagados con una ayuda autonómica destinada a la defensa legal gratuita de las mujeres discriminadas en su puesto de trabajo por razón de sexo.
El congreso supuso un desembolso de más de medio millón de euros y la Junta pagó el 85%
La agencia Viajes Macarena, a la que pertenece el detenido el martes Moisés Morillo, facturó 67.898,42 euros por el hospedaje de los delegados 'ugetistas' que reeligieron a Pastrana. En concreto, 57.256,80 euros se justificaron con habitaciones en el Hotel Sevilla Congresos, 7.616,20 del San Pablo y 3.025,43 del Vértice, las tres instalaciones hoteleras más cercanas al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), cuyo alquiler entre el 10 y el 12 de septiembre de 2009 por la celebración del IX Congreso también costeó el contribuyente andaluz: 88.123,03 euros.
Lienzo Gráfico, la imprenta sevillana en la que fue detenido Diego de la Mata y de la que la Guardia Civil extrajo documentación contable, ingresó 28.172,80 euros con ocasión del IX Congreso. Según los investigadores, desde su sede en el polígono Hytasa de Sevilla editaba para UGT todo tipo de material. También confeccionaba, presuntamente, facturas falsas para justificar subvenciones, como evidencian los correos electrónicos reproducidos por EL MUNDO que se intercambiaban los trabajadores de la empresa y los del sindicato. Por esta vía, Lienzo llegó a acumular un 'bote' a favor de UGT de 124.000 euros, facilitando que el sindicato rebañara las subvenciones públicas.
Igualmente, la antigua Imprenta Rápida Pineda, cuyo dueño, José Pineda, también fue detenido y ha sido puesto en libertad con cargos (imputado por fraude y falsedad), recibió 18.615,68 por trabajos para el congreso. En una hoja de cálculo de la contabilidad interna de UGT se detalla que este 'bote' se hacía con cargo a los restos de la subvención del programa Forman XXI.
A Siosa, la empresa madrileña especializada la instalación de redes informáticas en la que hubo cinco detenidos (entre ellos, la presidenta y consejera delegada de la sociedad, Carmen Castilla, fue la primera en quedar en libertad y ni siquiera fue trasladada a Sevilla), UGT le compró también para el IX Congreso Regional material informático por valor de 7.554,10 euros.
Y Chavsa, la firma sevillana dedicada a la venta de mobiliario de oficina que amuebló múltiples aulas formativas del sindicato donde se impartían los cursos de formación subvencionados, facturó 591,60 euros por unas sillas.
Según las fuentes consultadas por EL MUNDO, tanto Siosa como Chavsa (cuyo dueño, Simón Chávarri, quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez) habrían llegado a acumular los mayores 'botes' por facturas infladas o falsas con el sindicato.
A esto hay que sumarle que, según desveló Libertad Digital, los 142.549,32 que costó el diseño del IX congreso de UGT-A se cargaron íntegramente a los cursos de formación para parados. Para ello, el grupo Diseño/Producciones del Sur (D&p) facturó el servicio como si se hubieran comprado 50.000 memorias USB de un gigabyte de capacidad como publicidad del Forman XX
LAS CUENTAS DE LOS SINDICATOS La financiación de UGT-A

UGT-A se retracta y dice ahora que pagará la defensa a sus imputados


  • Carmen Castilla negó tajantemente que fuera a hacerlo en una entrevista en abril

  • La líder de UGT-A descarta que vaya a suspender de militancia a los tres imputados





La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en un acto en...

El sindicato UGT de Andalucía pagará los abogados a los tres imputados relacionados con la organización que fueron detenidos la pasada semana en el marco de la segunda fase de la operación Cirene por haber participado presuntamente en la financiación supuestamente ilegal del sindicato durante 12 años gracias a subvenciones de la Junta de Andalucía.
La secretaria general de los ugetistas andaluces, Carmen Castilla, además confirmó que el sindicato no ha suspendido de militanciaal que fuera su tesorero durante 15 años, hasta 2013, Federico Fresnada, ni a la vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal, María Charpín, ni lo hará hasta que no pese una condena sobre ellos.
En un acto de protesta en Córdoba por la inaplicación de los convenios colectivos, en la que participó junto al secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, la líder sindical apeló a la presunción de inocencia para no actuar contra los tres imputados por la trama de las facturas supuestamente falsas: Fresnada, Charpín y la ex responsable del departamento de compras de UGT-A y trabajadora del sindicato Dolores Sánchez Montaño.
Cuando fue preguntada por si la organización sindical se va a hacer cargo del pago de las defensas de los tres imputados, la secretaria general de UGT-A recordó que estas personas han sido imputadas por actuaciones en el ejercicio de su trabajo como sindicalistas, por lo que la organización pagará sus defensas a no ser que se demostrara que «alguien ha hecho algo ilícito», en cuyo caso «tomaremos medidas y una de ellas será la de no pagar la defensa».
Castilla incurrió en su discurso en contradicción, pues en una entrevista publicada en EL MUNDO de Andalucía el 25 de abril aseguró que «si hay indicios» de que ex dirigentes de UGT que hayan sido imputados en este proceso han cometido alguna ilegalidad, «la organización no les puede costear la defensa a estas personas. Si han hecho un daño, tendrán que pagarlo». Estas tres personas fueron detenidas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y puestas a disposición del titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que las dejó en libertad con cargos.
En cuanto a si va a proceder a la suspensión de militancia de los imputados, negó que vaya a hacerlo explicando que «suspender de militancia a una persona que por ahora está imputada, pero no hay ninguna condena que pruebe los hechos... Ya he dicho en multitud de ocasiones que si se demuestra algún hecho delictivo por cualquier miembro que forme parte del sindicato, tendrá que responder ante la ley, aunque el sindicato tiene sus mecanismos», dijo. Sin embargo, Castilla pidió «respeto a la Justicia y celeridad».
Esta postura contrasta con la actuación mantenida en el caso de las facturas falsas. El sindicato despidió, antes de la celebración del juicio, a Laureano Conde, tras acusarlo de borrar 1.756 archivos informáticos y pidió registros domiciliarios de ex trabajadores de UGT a los que culpaba de filtrar la contabilidad interna a los medios de comunicación. Sin embargo, la contabilidad del sindicato no está en ningún ordenador personal sino en un servidor y existen copias de seguridad que deben conservarse durante varios años.








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