El fiscal Emilio de Llera, que dirige la consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, ha decidido dejar sin seguridad a partir del mes de agosto a la Escuela de Seguridad Pública, incumpliendo la normativa emanada de su propio departamento. Precisamente el hecho viene a coincidir con la entrada en vigor del Decreto 94/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueba la norma técnica para la protección de edificios públicos de uso administrativo.
Otra vez "El Cortijo" hace lo que le viene en gana y deja sin seguridad a un entro vital en seguridad, cual es la Escuela de Seguridad. Paranoia de la Junta.
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La Junta de Andalucía, incumpliendo su propia normativa,
deja sin seguridad a su Escuela de Seguridad
El fiscal Emilio de Llera, que dirige la consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, ha decidido dejar sin seguridad a partir del mes de agosto a la Escuela de Seguridad Pública, incumpliendo la normativa emanada de su propio departamento. Precisamente el hecho viene a coincidir con la entrada en vigor del Decreto 94/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueba la norma técnica para la protección de edificios públicos de uso administrativo.
Dicho decreto establece una clasificación, a efectos de su protección, de los edificios administrativos de la Junta atendiendo a cinco elementos: Posición Jerárquica del titular del órgano o unidad radicado en el edificio; organización y utilización; ocupación y contenido; ubicación; y, por último, tipo de gestión que alberga. Asignando por cada elemento una puntuación, fija un baremo conforme al cual clasifica en cinco niveles las características y necesidades de seguridad que debe reunir un edificio administrativo.
Conforme a dicha baremación a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, entidad dependiente del departamento que dirige De Llera, le correspondería estar clasificada en el nivel RA-3. Ello significa que, entre otros elementos de seguridad, como sistemas de detección y alarma, videovigilancia y control de accesos de personas y vehículos, debe contar, además, con personal cualificado de control y vigilancia.
Así, el artículo 22 de dicho decreto dispone que la prestación del servicio se realizará por agentes del Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía o vigilantes de seguridad de empresas privadas. Sin embargo, la consejería que dirige Emilio de Llera, incumpliendo su propia normativa, suprimirá la vigilancia que hasta ahora venía encomendada a una empresa de seguridad, que la prestaba con vigilantes armados de seguridad, para ponerla en manos de empleados públicos no cualificados ni pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares de Seguridad, y de personal contratado temporalmente en las oficinas del SAE.
Expertos policiales consultados por LD advierten que la decisión de De Llera podría poner en riesgo la integridad de personas y bienes, y la consideran una ligereza, dadas las características de las instalaciones que componen la Escuela, con más de una docena de edificios, su ubicación en el extrarradio de la localidad de Aznalcázar, con un extenso perímetro de más de un kilómetro de longitud, y la propia naturaleza de centro de formación policial.
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