jueves, 10 de julio de 2014

Importante. La Justicia abre un nuevo frente contra la gestión de Empleo.Reparto sin control de 57 millones.

SUBVENCIONES BAJO SOSPECHA 


Agentes de Promoción de Empleo = Alpes de los Consorcios 





  • Avanza en su investigación sobre las ayudas a las unidades de empleo.
  • La Fiscalía quiere saber qué persona dio las ayudas y si se cumplieron los fines.
  • Un informe de la Cámara de Cuentas fue el detonante de la investigación.




  • Primero fueron los ERE, después las ayudas a la formación y a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ahora lasubvenciones a las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). La Justicia abre un nuevo frente contra la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, cuya gestión de la última década se escruta en los juzgados.



  • Reparto sin control de 57 millones.


  • Creados en 2002 y ya extinguidos, estos consorcios eran entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que estaban participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por corporaciones municipales. Su papel era el de fomentar el empleo local.




    ¿Ingeniería Juridica con un objetivo? =  ¿Reordenación del Sector Público y Agencias Junteras?

    Agentes de Promoción de Empleo = Alpes de los Consorcios UTEDLT


    Los resultados añadidos del fraude los pagamos todos... ¿¿???

    Estos despidos han sido determinados nulos y han costado hasta la fecha 12 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Conclusión: Primero los contrata, y despues ejecuta 800 despidos nulos (5,8 millones de euros abonados en concepto de indemnizaciones + 70.000 euros diarios de salario de tramitación; unos 6 millones de euros hasta el momento En total estamos hablamos, por ahora, de 12 millones de euros de recursos públicos de contribuyentes andaluces. Una cifra que va creciendo...





    http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/10/53be37be22601dbe668b456d.html


    SUBVENCIONES BAJO SOSPECHA Reparto sin control de 57 millones

    La Justicia abre un nuevo frente contra la gestión de Empleo


    • Avanza en su investigación sobre las ayudas a las unidades de empleo

    • La Fiscalía quiere saber qué persona dio las ayudas y si se cumplieron los fines

    • Un informe de la Cámara de Cuentas fue el detonante de la investigación


    • Primero fueron los ERE, después las ayudas a la formación y a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ahora las subvenciones a las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). La Justicia abre un nuevo frente contra la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, cuya gestión de la última década se escruta en los juzgados.
    • La Fiscalía Superior de Andalucía da un paso más en la investigación que lleva a cabo desde el pasado 21 de marzo por el reparto sin control que hizo el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de más 57,3 millones de euros a las 95 Utedlt en el periodo 2010-2012 al requerir a la Administración andaluza que aporte a la Policía Judicial «los datos precisos» sobre las personas y departamentos responsables de las ayudas concedidas a estas unidades de empleo en el citado trienio y la «documentación concreta en cada supuesto».
      El Ministerio Público no sólo trata de identificar quién otorgó estas subvenciones, que sirvieron en la práctica para pagar las nóminas de los empleados de estos entes, sino «si se han cumplido o no la finalidad para la cual les fue concedida».
      Así se detalla en el decreto firmado por el fiscal Juan Ignacio Fernández-Amigo de la Torre el pasado 24 de junio, al que ha tenido acceso este periódico.
      Como desveló EL MUNDO el pasado 28 de marzo, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre las graves irregularidades que puso de manifiesto un informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en las ayudas a las Utedlt.
      Creados en 2002 y ya extinguidos, estos consorcios eran entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que estaban participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por corporaciones municipales. Su papel era el de fomentar el empleo local.
      En declaraciones a este periódico, el presidente coordinador del SAF, José Manuel Mateo, señaló ayer que la decisión de la Fiscalía Superior de abrir diligencias «viene a darnos la razón desde que empezamos a denunciar la Administración paralela en la Junta de Andalucía para colocar a los enchufados y sin más premisas que el carné».
      La Cámara de Cuentas reveló que el SAE repartió 57.340.676 euros «sin control» entre 2010 y 2012, cuando el consejero de Empleo era el hoy diputado autonómico Manuel Recio. Ese dinero se habría destinado a sufragar los gastos salariales del personal de las Utedlt (51.494.377,22 euros) y las indemnizaciones por extinción de contratos laborales (5.846.298,49 euros).

      Incumplimientos e irregularidades

      El informe detallaba numerosos incumplimientos e irregularidades. Así, los auditores llamaron la atención sobre el hecho de que las Utedlt y el Servicio Andaluz de Empleo no suscribieran los preceptivos contratos-programa, como obligaba la orden reguladora.
      Igualmente, tampoco se marcaban objetivos ni un sistema para evaluar la consecución de los mismos que sirviera de referencia para calcular los incentivos. Pese a ello, el SAE abonó 4.994.423,48 euros en primas entre 2009 y 2010.
      En materia laboral, la Cámara de Cuentas llamó la atención sobre el hecho de que, durante los ejercicios fiscalizados, la plantilla teóricamente se reducía al director del consorcio. Y ello era así porque, desde el 1 de enero de 2009, el personal técnico y administrativo de cada Utedlt formaba parte de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), adscritos a Andalucía Emprende. Esta fundación pública depende de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
      Precisa el informe que el traspaso se debió a la reestructuración de competencias llevada a cabo en 2008 entre las consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa y que, si bien las Utedlt pasaron un año después a depender nuevamente de revirtieron un año después a Empleo, el personal técnico y administrativo continuó formando parte de los CADE aun cuando su coste fue asumido por el SAE mediante subvención nominativa.

      Sin certificado del interventor

      La Cámara de Cuentas también constató que en ninguno de los expedientes analizados se incluía el preceptivo certificado del interventor detallando las actuaciones llevadas a cabo, ni los informes sobre la actividad desarrollada por los agentes de empleo a fin de detallar los objetivos conseguidos.
      Durante el trabajo de fiscalización, los técnicos tampoco tuvieron constancia de que las entidades consorciadas -el SAE y los ayuntamientos- llevaran a cabo el control de la gestión desarrollada por los consorcios, como estaban obligadas estatutariamemente.
      El órgano fiscalizador también concluyó que, atendiendo a la naturaleza económica de este gasto, la clasificación de las ayudasen el presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía «no era la adecuada».







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