DESVÍO DE SUBVENCIONES UGT-A mantenía 'botes' en sus proveedores hasta hace 18 dias,

• La Guardia Civil detectó remanentes por facturas infladas en las empresas registradas.
• Una de las empresas registradas tenía 345.000 euros a favor del sindicato.
• Una trabajadora declaró que el tesorero le decía a quién debía comprar.

La secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, en un acto del sindicato. ANTONIO HEREDIA

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/12/53c0e83dca4741306b8b456e.html

DESVÍO DE SUBVENCIONES-

 UGT-A mantenía 'botes' en sus proveedores hasta hace 18 días

• La Guardia Civil detectó remanentes por facturas infladas en las empresas registradas
• Una de las empresas registradas tenía 345.000 euros a favor del sindicato
• Una trabajadora declaró que el tesorero le decía a quién debía comprar

La secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, en un acto del sindicato. ANTONIO HEREDIA

Los 'botes' del sindicato UGT de Andalucía no eran sólo una cosa del pasado. La Guardia Civil descubrió en su redada del 24 al 26 de junio, hace de 16 a 18 días, que la organización tenía a su disposiciónremanentes de facturas infladas en casi todas las empresas registradas, en una operación que se desarrolló en Sevilla, Madrid, Jaén y Alicante.

Dichos 'botes', que supusieron una «sorpresa» para el sindicato cuando EL MUNDO reveló su existencia, no sólo no fueron corregidos por la anterior dirección, sino que han seguido existiendo con la actual, al frente de la cual está Carmen Castilla.

En septiembre de 2013, la anterior dirección de UGT de Andalucía aseguró que había transmitido a la comisión de investigación interna los datos sobre la existencia de los 'botes'. «Si hay algo irregular, se corregirá», aseguró entonces.

El atestado que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entregado al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla advierte de que los 'botes' seguían existiendo y que el sindicato seguía disponiendo de una aplicación contable para gestionarlos directamente, según informa Efe.

La cantidad del dinero que el sindicato tenía a su disposición ascendía a 345.000 euros en el momento del registro de una de ellas, según señalaron fuentes del caso tras levantarse el secreto del sumario del caso que investiga el juez Juan Jesús García Vélez.

Según las fuentes, el atestado de la Guardia Civil entregado al titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla asegura que el sindicato disponía de una aplicación específica en su contabilidad paragestionar dicho 'bote', aunque los tres dirigentes sindicales que fueron imputados por el juez ese mismo 26 de junio, entre ellos su ex tesorero, Federico Fresneda, aseguraron desconocer su existencia.

Según los investigadores, las empresas proveedoras de UGT practicaban los llamados «rappels» o descuentos especiales para pedidos de importante cuantía, cantidades que no aparecían reflejadas en las facturas y que pasaban a engrosar un 'bote' o cantidad que quedaba a disposición del sindicato para futuros gastos. Es decir, el sindicato presuntamente endosaba a las subvenciones de la Junta de Andalucía el importe de la factura pero se reservaba para él los descuentos que aplicaba el proveedor.

En el momento de la entrada y registro policial, practicado el 24 de junio en ocho empresas en Madrid, Sevilla, Alicante y Jaén, casi todas ellas tenían en su contabilidad algún tipo de 'bote' a favor de UGT, que ascendía a 345.000 euros en una de ellas, según las fuentes.

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla dará traslado la próxima semana a las partes del contenido del sumario, en el que ha imputado presuntos delitos de falsedad y fraude a la Hacienda Pública a 13 empresarios y tres sindicalistas por las presuntas facturas falsas presentadas por el sindicato para justificar las subvenciones de la Junta destinadas a cursos de formación.

Entre los detenidos figuraba Federico Fresneda, vicesecretario de Administración de UGT en Andalucía entre 2005 y 2013 y ex tesorero del sindicato; María Charpín, ex secretaria de Gestión Económica de UGT-A, y Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras en el sindicato regional y, según fuentes consultadas por EL MUNDO, trabajadora contratada por Soralpe, una de las empresas del entramado del sindicato.

Según el atestado de la Guardia Civil, UGT-A disponía de una aplicación informática específica para gestionar el 'bote' e incluso llegó a solicitar una subvención para modernizarlo con cargo a los fondos de desarrollo tecnológico de la Junta.

Las citadas fuentes informaron de que a responsable de compras, Sánchez Montaño, declaró a la Guardia Civil que UGT sólo trabajaba con determinados proveedores por indicación de Fresneda.

La Guardia Civil sostiene que este presunto fraude en las subvenciones recibidas por UGT-A se hizo «de manera sistemática año tras año» hasta perfeccionarse y convertirse en «la vía más importante para la financiación de este sindicato».

En su declaración, los imputados negaron haber actuado ilegalmente aunque reconocieron que en ocasiones podía existir una factura conjunta por materiales suministrados en distintas entregas y haber cambiado conceptos en las facturas, pero no haberlas «inflado».

En cuando a los empresarios detenidos e interrogados, éstos alegaron que siguieron instrucciones del sindicato, que creyeron actuar legalmente y que esperan demostrar documentalmente sus afirmaciones.