El fiscal superior ve responsabilidad penal y abre diligencias por la continua ausencia de control en las subvenciones
JESÚS SPÍNOLA
El fraude en los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ya está en sede judicial. Si antes solo eran investigaciones en manos de la policía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el fiscal superior andaluz ordenó hace una semana incoar diligencias de investigación en las fiscalías de Sevilla y Málaga porque considera que puede haber «responsabilidades penales graves» en las subvenciones gestionadas por el SAE en distintas provincias. Y,por tanto, decidió remitir su propia investigación a las fiscalías de Málaga y Sevilla para que se unan a otras que ya existen, como es el caso de las que hay en los juzgados de instrucción número seis (el de Mercedes Alaya) y el de instrucción nueve (el mismo que investiga las supuestas facturas falsas de UGT).
¿Quien responderá del fraude y del "presunto" delito, después de la subrogación operada por la Ley del Sector Publico, pactada con los sindicatos afines, UGT +CCOO = ¿ la propia Junta de Andalucía"?
CURSOS DE FORMACIÓN
El fiscal superior ve responsabilidad penal y abre diligencias por la continua ausencia de control en las subvenciones
El fraude en los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ya está en sede judicial. Si antes solo eran investigaciones en manos de la policía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el fiscal superior andaluz ordenó hace una semana incoar diligencias de investigación en las fiscalías de Sevilla y Málaga porque considera que puede haber «responsabilidades penales graves» en las subvenciones gestionadas por el SAE en distintas provincias. Y,por tanto, decidió remitir su propia investigación a las fiscalías de Málaga y Sevilla para que se unan a otras que ya existen, como es el caso de las que hay en los juzgados de instrucción número seis (el de Mercedes Alaya) y el de instrucción nueve (el mismo que investiga las supuestas facturas falsas de UGT).
El decreto, firmado por Jesús García Calderón, se produce después de que la Fiscalía recibiera el informe que la Policía Judicial elaboró sobre la fiscalización elaborada por la Cámara de Cuentas relativa a las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo sobre los años 2009 y 2010. La Policía Judicial ha concluido que existió «un manifiesto desorden» en la concesión de tales ayudas y ha detectado de forma continua «una ausencia de justificación del gasto realizado».
Pero lo más relevante que ha detectado la Policía y que el fiscal cree necesario investigar en sede judicial es el hecho de que el ServicioAndaluz de Empleo liberase a las empresas de la obligación legal de justificar subvenciones por valor de casi 300 millones de euros solo en dos años. Según explica el decreto, la normativa estipula que el pago de la subvención requiere la previa justificación de las ayudas concedidas con anterioridad por la administración autónoma y sus agencias con cargo al mismo programa. El plazo para justificar esas subvenciones es de tres meses.
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