CASO ERE La investigación judicial. Ayudas concedidas gracias a la 'Presidencia de la Junta'

¿Corrupción institucional y junteraaaaa..????

• Alaya acusa a tres imputados de valerse de sus influencias para lograr subvenciones 
•  La juez cita un correo electrónico en el que un inculpado admite gestiones de San Telmo

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/06/5368933f22601d0f578b4571.html

CASO ERE La investigación judicial

Ayudas concedidas gracias a la 'Presidencia de la Junta'

• Alaya acusa a tres imputados de valerse de sus influencias para lograr subvenciones
• La juez cita un correo electrónico en el que un inculpado admite gestiones de San Telmo

• La juez Alaya acusó ayer a tres imputados en el caso de los ERE de valerse de sus «influencias» en altas instancias de la Junta, por encima de un consejero, para lograr subvenciones con cargo al fondo de reptiles. La magistrada, en concreto, alude a un correo electrónico enviado por uno de los inculpados a un ex director general de Trabajo en el que atribuía el cobro de una ayuda de 1.150.000 euros a las «gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta».

  La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla imputó ayer delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias a Pascual Caputto y Manuel Valdecantos, ex presidente y ex director general de Barbadillo, por las subvenciones recibidas por Matadero de la Sierra Morena. Ésta sociedad fue adquirida por el grupo bodeguero a los ex concejales socialistas de El Pedroso José Enrique Rosendo y José María Sayago.

  Con carácter previo a la comparecencia de Caputto y Valdecantos, que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y para los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza civil de cuatro millones, la juez informó también de la imputación por los mismos delitos de Manuel Robles. Éste es consejero de Barbadillo y fue presidente de Matadero de la Sierra Morena hasta el pasado diciembre.

  

  La bodega sanluqueña tomó el control de la cárnica sevillana en noviembre de 2005 con la compra de más del 70% de las acciones, pactándose un precio de 9.614.200 euros. Alaya, no obstante, considera que hay indicios para pensar que la venta fue por un «precio inferior».

  Según se hizo constar en la escritura, el dinero se abonaría de la siguiente manera: 2.166.259 euros se compensarían con la cancelación del préstamo que por este importe le había concedido Barbadillo a Tierra Virgen Alimentación, 1.447.940 euros mediante la cesión de los derechos de cobro que correspondían a la compradora por la venta de sus participaciones en Arcadia Emprendedora SL -también coadministrada de forma mancomunada por Rosendo y Sayago- y seis millones de euros mediante la entrega de un pagaré en el acto con vencimiento a 15 de enero de 2006.

  A la fecha de la operación de compraventa accionarial, Matadero de la Sierra Morena había sido ya beneficiaria de subvenciones por un montante de 6.314.000 euros.

  La juez considera que Caputto, Valdecantos y Robles, «mediante la utilización de sus influencias en la Consejería de Empleo a través de su titular Don Antonio Fernández o incluso en instancias superiores», lograron una nueva subvención por importe de 1.150.000 euros «pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas». Ese dinero se cobró entre el 4 de abril y el 5 de mayo de 2008.

  La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla alude a un correo que Manuel Valdecantos envió el lunes 2 de junio de 2008 al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, en el que le solicitaba una reunión para tratar de resolver el cobro de una ayuda de 550.000 euros y que Barbadillo entendía muy importante para la «supervivencia» del grupo.

  En ese e-mail, Valdecantos detallaba que, «tras gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta», se había logrado cobrar otra de 1.150.000 euros otorgada en su día a Matadero de la Sierra Morena.

  Cuando declaró ante la Guardia Civil el 14 de noviembre de 2013, el ex directivo de Barbadillo dijo no recordar ni el citado correo electrónico, ni «haber hablado con nadie de la Presidencia de la Junta».

  También aseguró no tener conocimiento de que se hubieran hecho gestiones con la Presidencia de la Junta por parte de Barbadillo ni de las actuaciones que llevó a cabo Santiago Herrero -entonces presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y al que Caputto pidió que interviniera para poder cobrar las subvenciones concedidas y no abonadas- con la Administración autonómica.

  Ex mujer de un sobrino

  En un momento de la toma de declaración, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil preguntaron a Valdecantos «si la nuera de Manuel Robles» trabajó en la Intervención General de la Junta de Andalucía.

  El ex directivo de Barbadillo precisó que no se trataba de una nuera sino de «la ex mujer de uno de sus sobrinos», que se llama «Julia Núñez» y que «trabaja en la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía».

  Barbadillo terminó dando por buena una «quita» por la que «aceptaríael pago de 400.000 euros por toda la subvención, no teniendo más que reclamar». De esa cantidad, 300.000 euros se le pagaron a otra empresa del grupo (Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas) «para evitar reiteraciones», observa Alaya.

  Según la juez, los imputados «serían conscientes» de que la concesión de al menos dos de las ayudas se realizaron «al margen del procedimiento legal de subvenciones».