Nuevos indicios implican en 'Bahía' a una alto cargo de Susana Díaz
La directora de Economía Social sabía de las irregularidades según estas pruebas
Angelines Ortiz, ya imputada, salpicada por una serie de correos electrónicos
El escándalo del desvío de ayudas a la creación de empleo en la Bahía de Cádiz, el conocido como caso Bahía Competitiva, amenaza con salpicar también a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz está estrechando el cerco en torno a una alto cargo nombrada directamente por Díaz, la directora general de Economía Social de la Junta de Andalucía, Angelines Ortiz.
Ortiz, imputada en uno de los últimos autos dictados por la juez Lourdes del Río, declaró como testigo meses atrás y trató de desvincularse de la trama alegando que no conocía las irregularidades en la concesión de las ayudas que otorgaban el Ministerio de Industria y la Junta. Sin embargo, una serie de correos electrónicos aportados al juzgado por otro de los imputados confirma los indicios que ya vio la juez al ordenar su segunda citación, esta vez como imputada.
Y es que estos correos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, revelan que Angelines Ortiz -delegada provincial de Innovación cuando sucedieron los hechos- no sólo estaba al tanto del proceso por el que se baremaban las peticiones de ayudas que presentaban las empresas de la trama, la mayoría de ellas sociedades fantasma creadas ad hoc por el cerebro de la red, el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, y sus socios.
Además, y de acuerdo con los correos, Ortiz participó activamenteen la evaluación de los proyectos y tuvo conocimiento de los reparos que los técnicos pusieron a algunas de las baremaciones que beneficiaban a las empresas de la trama. En uno de estos mensajes, fechado el 25 de febrero de 2011, la hoy directora general de Economía Social reclama a un técnico de la Diputación de Cádiz -el organismo que baremaba las peticiones de subvenciones- hasta las«anotaciones» hechas a algunos de los expedientes, aquellos sobre los que la comisión había manifestado sus reservas. Todo ello después de que le hubiesen mandado el listado propuesto al Ministerio de Industria para su revisión.
Cambios en las baremaciones
En el listado de correos entregado al juzgado que instruye el caso Bahía se incluye también el mensaje de febrero de 2011 que señala al mismísimo ex presidente de la Diputación e histórico líder del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña. De acuerdo con este correo, González Cabaña conocía, y decidía, los cambios en las baremaciones de los proyectos que daban acceso a las ayudas millonarias.
De hecho, el ex presidente de la Diputación tendrá que explicar ante la juez Lourdes del Río estos correos y por qué hay escuchas telefónicas y testigos que le vinculan con el presunto desvío de las ayudas que el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía destinaron al a reindustrialización de la Bahía de Cádiz.
Lo hará el próximo 20 de mayo, el día en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz le ha citado, en principio, como testigo para que dé cuenta de su gestión al frente de la Diputación cuando se tramitaron y se concedieron las subvenciones, en su mayor parte, a la red de empresas creada por Dávila Ouviña.
Hasta los propios investigadores de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) encargados de la investigación señalaron en varios de sus informes supuestos nexos entre González Cabaña y el expolio de las ayudas públicas del Plan Reindus y del Plan Bahía -que calculan en varias decenas de millones de euros-. Los correos, aportados por Teodoro Clavijo, otro de los imputados, también señalan a la nuera del ex consejero Luis Pizarro, Gema Herrera, y a técnicas de la Agencia Idea, de la que dependía la oficina del Plan Bahía que dirigía Antonio Perales.
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