- Toma declaración a 250 alumnos con el fin de determinar qué irregularidades han podido cometerse en torno a la concesión de subvenciones.
- Las diligencias, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción, podrían revelar un fraude a la Seguridad Social superior al de los ERE de Andalucía
La investigación policial se centra en el periodo 2009-2012, que coincide con el mandato de José Antonio Griñán.
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La Policía investiga si Andalucía subvencionó cursos de
formación de forma irregular
Roberto Ruiz Ballesteros / Seguridad y Tribunales
lunes, 14/04/14 - 13:49
Toma declaración a 250 alumnos con el fin de determinar qué
irregularidades han podido cometerse en torno a la concesión de subvenciones
Las diligencias, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción,
podrían revelar un fraude a la Seguridad Social superior al de los ERE de
Andalucía
El fraude en torno a los cursos
de formación continúa centrando la atención de la Policía. Agentes de la Unidad
de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) se desplazaron la pasada semana a
Málaga para interrogar a cerca de 250 personas que supuestamente asistieron a
cursos subvencionados por la Junta de Andalucía e impartidos por empresas de la
provincia.La Policía investiga si las empresas a las que se otorgaban las
ayudas de formación cumplían los requisitos legalmente establecidos. En
concreto, si éstas contaban con las instalaciones exigidas, si tenían o no la
antigüedad suficiente, si asumían sus compromisos para con los alumnos, si los
profesores contaban con los títulos necesarios, si los asistentes realmente
acudían a las clases o si los inspectores de la Junta controlaban que todo se
hacía bien.
La voz de alerta sobre la
existencia de una supuesta estafa en la concesión de ayudas a empresas que
organizan estos cursos la dio hace más de un año la delegación de la Seguridad
Social en Málaga, que detectó cómo en algunos casos se otorgaba únicamente el
75% del montante previsto. El otro 25%, que oficialmente debía entregarse a la
finalización del curso y siempre que éste se hubiera desarrollado según los
requisitos exigidos por la ley, no se llegaba a entregar en muchas ocasiones.
De hecho, la Policía investiga también dónde ha ido a parar ese dinero que no
se llegaba a otorgar y si se lo ha podido quedar la Junta de Andalucía.
Tras descubrir el presunto
fraude, los funcionarios del Ministerio de Empleo avisaron a la Sección de
Investigación de la Seguridad Social de la UDEF, que comenzó unas pesquisas
bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción que aún hoy continúan
abiertas y que las fuentes policiales consultadas prevén que se alarguen
todavía durante meses e incluso años, dada la complejidad de las diligencias,
que requieren el análisis de cientos de documentos administrativos.
Las
ayudas públicas para los cursos –que se centraban en el sector de la
hostelería, la informática, la estética, la salud o la carpintería– se
concedían con el compromiso por parte de la empresa subvencionada de que tres
meses después de la finalización de la formación debía estar colocado el 60% de
los alumnos, algo que la Policía también investiga. En concreto, indaga si esta
colocación de exalumnos se hacía conforme a la ley o de forma irregular.Según
las pesquisas de la UDEF, enmarcadas bajo la denominación de operación Edu, el
dinero que se concedía a estas empresas con el fin de organizar los cursos de
formación salía del Servicio Andaluz de Empleo. Los alumnos que la semana
pasada prestaron declaración lo hicieron en las comisarías de Málaga, Ronda y
Vélez Málaga, aunque venían de muy distintos pueblos de la provincia andaluza.
Las diligencias de la Policía se centran en el periodo comprendido
entre 2009 y 2012, aunque por el momento se han circunscrito a 2010 y
únicamente a la citada provincia de Málaga. Según publicó Voz Populi el pasado
viernes, solo esta primera diligencia inicial podría haber destapado un fraude
de tres millones de euros.Sin embargo, el alcance de la operación se torna
considerablemente superior. Algunas fuentes policiales consultadas estiman que
existen muchas posibilidades de que la estafa que finalmente se descubra
sobrepase la magnitud de los ERE de Andalucía que instruye la juez de Sevilla
Mercedes Alaya.Para hacerse una idea de la dimensión de la investigación basta
señalar que por el momento las diligencias se han centrado en una sola
adjudicación, realizada a una decena de empresas aproximadamente. Las fuentes
policiales consultadas apuntan que anualmente se han otorgado cuatro o cinco
adjudicaciones únicamente en la provincia de Málaga y que la intención es
investigar los últimos cuatro o cinco años de todas las provincias andaluzas.
La investigación policial se centra en el periodo 2009-2012, que coincide con el mandato de José Antonio Griñán.
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