¿La artifice junto con los sindicatos, UGT y CCOO de la Reordenación del Sector Público, recurrida ante el Tribunal Constitucional?...¿la responsable de la creación de la "Adminisnistración Paralela"? ¿La responsable del "dictado" del dictado de un elenco de normas para atribuir "en fraude de ley" el ejercicio de potestades públicas a personal laboral digital? ¿La persona que esta "preiimputada por la Jueza Alaya?.......
.A esta persona es la que nuestros "gogernantes" junteros, defienden en sede judicial....con dinero público de todos....
Evidentemente, tenemos que actuar de nuevo, en breve daremos un paso al frente, porque Sres, junteros, esto tiene que terminar, una república bananera y un estado de cosas, que como ciudadanos y empleados públicos, tenemos que contribuir a parar.....
No es admisible que con dinero público, se defienda a la Ilma. Sral Aguayo, las críticas provienen por que los cargos públicos son responsables directos de su gestión y esta roza la legalidad, una evidencia que todos los ciudadanos empleados públicos ven, lo ocurrido con el concurso de méritos, y acudir a sede judicial, para defender a "sus cargos públicos", es otro botón de muestra, del daño que se esta haciendo a los servidores públicos de Andalucía, sólo por que hayan dado un paso al frente para defender la legalidad y hayan dicho desde la Reordenación del Sector Público, y desde el año 2010, BASTA YA.
Abren juicio por unos insultos a la exconsejera Martínez Aguayo
abcabcdesevilla / sevilla
Día 15/04/2014 - 18.41h
Se referían a la política como «cancerígena», «hija de la gran puta» e «hija de meretriz» en un foro y redes sociales
Una juez de Sevilla ha decidido tramitar como un juicio de faltas los insultos vertidos en las redes sociales contra la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo por la paralización de un concurso de traslado de funcionarios.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 8 de Sevilla, que inicialmente archivó la denuncia de Martínez Aguayo, ha admitido ahora su recurso y ha reabierto la causa, si bien calificada como una presunta faltay no un delito de injurias y calumnias.
La juez sobreseyó la denuncia por entender que los insultos no fueron contra la persona de la exconsejera sino que se dirigieron contra quien ostentaba el cargo político, que por su condición de personaje de ámbito público debía soportar ciertas expresiones vertidas en el contexto de un «desacuerdo político y laboral».
Los insultos se colgaron en las redes sociales y en un foro dedicado a oposiciones a funcionarios y se referían a la exconsejera como «cancerígena», «hija de la gran puta» e «hija de meretriz».
La juez identificó y tomó declaración a varios firmantes, que alegaron en su defensa el clima de crispación en que vivían por el retraso en resolver el concurso.
El auto de sobreseimiento atribuyó los insultos a que el conflicto era «público y notorio» hasta el punto de que los funcionarios llegaron a crear una plataforma de afectados por el baremo del concurso y su posterior suspensión.
Según dijo la juez en su auto, los denunciantes ejercieron su derecho a la libertad de expresión y es difícil «deslindar los pensamientos, ideas y opiniones» de su comunicación pública, que siempre incluye «algún elemento valorativo».
Pese a esos argumentos, ahora la juez, en un auto del pasado 4 de abril, ha decidido reabrir la causa como un juicio de faltas, decisión que puede ser recurrida ante la Audiencia provincial igual que antes recurrió el auto de archivo
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