lunes, 28 de abril de 2014

El destino de los fondos La Unión Europea cuestiona el reparto de la formación Bruselas pone reservas a casi todo el proceso de concesión y justificación de ayudas ....= las cosas pasan por que se permiten ¿¿???



LAS  COSAS NO OCURREN POR CASUALIDAD.....

UN SISTEMA DE CONTROL A POSTERIORI ¿EL DE LAS AUDITORIAS?   EL QUE SE SE INSTAURA Y APLICA  A LAS AGENCIAS JUNTERAS;  ¿LAS DE LA  REORDENACION  DEL SECTOR PÜBLICO????






EL USO DEL DINERO PÚBLICO El destino de los fondos.
  •  La Unión Europea cuestiona el reparto de la formación Bruselas pone reservas a casi todo el proceso de concesión y justificación de ayudas 
  • La Junta realiza una revisión general acuciada también por la intervención policial

Susana Díaz, con el consejero de Educación, Luciano Alonso,...

Susana Díaz, con el consejero de Educación, Luciano Alonso, responsable de los fondos de formación. CONCHITINA

La investigación sobre las políticas de formación de la Junta de Andalucía son una bomba de relojería. La Unión Europea ha puesto en cuestión prácticamente todo el procedimiento de concesión y justificación de las subvenciones para los cursos, mientras la Policía Nacional avanza en su investigación por el presunto fraude en parte de estas actuaciones.

Las alarmas han saltado en Bruselas al constatar los revisores que hasta 2007 o 2008 el Gobierno andaluz daba por buenas las justificaciones de ayudas realizadas a través de auditorías. Los verificadores delFondo Social Europeo empezaron a cuestionar el modelo exigiendo en muchos casos, además de la auditoría, el soporte documental de los gastos.


El beneficiario del curso fraudulento despidió al parado denunciante y la Junta no hizo nada con la denuncia




¿¿¿¿¿EL PORQUE DE LAS AGENCIAS JUNTERAS????




UN SISTEMA DE CONTROL A POSTERIORI ¿EL DE LAS AUDITORIAS?   EL QUE SE SE INSTAURA Y APLICA  A LAS AGENCIAS JUNTERAS;  ¿LAS DE LA  REORDENACION  DEL SECTOR PÜBLICO????

Recordando.....



Contestación del Ministerio Fiscal.....Los ciudadanos-empleados públicos, hemos dado un paso más, poniendo encima de la mesa lo que está ocurriendo....cada uno tiene grado de responsabilidad en esto...


Segundo Burofax  cursado al Ministerio Fiscal,  dando cuenta  de la  grave situación planteada por la Reordenación del Sector público,  porque que cuando se crea una administración paralela,   sin funcionarios y sin fiscalización previa,  el latrocinio juntero y  sindical esta asegurado.




.......paciencia y perseverancia,  ...... el  SISTEMA JUNTERO es  insostenible......




EL USO DEL DINERO PÚBLICO El destino de los fondos


La Unión Europea cuestiona el reparto de la formación

  • Bruselas pone reservas a casi todo el proceso de concesión y justificación de ayudas

  • La Junta realiza una revisión general acuciada también por la intervención policial

La investigación sobre las políticas de formación de la Junta de Andalucía son una bomba de relojería. La Unión Europea ha puesto en cuestión prácticamente todo el procedimiento de concesión y justificación de las subvenciones para los cursos, mientras la Policía Nacional avanza en su investigación por el presunto fraude en parte de estas actuaciones.
Las alarmas han saltado en Bruselas al constatar los revisores que hasta 2007 o 2008 el Gobierno andaluz daba por buenas las justificaciones de ayudas realizadas a través de auditorías. Los verificadores delFondo Social Europeo empezaron a cuestionar el modelo exigiendo en muchos casos, además de la auditoría, el soporte documental de los gastos.
Ahora la Junta está analizando en qué casos basta con la auditoría y en cuáles hay que requerir a los subvencionados las facturas. Y es que el problema interno para la Administración autonómica es de primer nivel, por lo que se ha puesto en marcha una revisión general del procedimiento de formación para el empleo que cuestiona desde la concesión de las subvenciones sin concurrencia pública hasta la justificación de las ayudas a través de auditorías, pasando por el abuso de la figura de la exoneración de la justificación del gasto para renovar la subvenciones.
La revisión afecta a unos 8.500 expedientes de ayudas de formación otorgadas entre 2007 y 2011, ya que las anteriores habrían prescrito administrativamente, y afectan a entidades de todo tipo. Según fuentes de la Junta, se están revisando subvenciones a la Confederación de Empresarios, a UGTy CCOO, a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), a 400 ayuntamientos, a prácticamente todas las diputaciones provinciales y a entidades benéficas como Cáritas, Cruz Roja o Safa.

Los grandes receptores

Los casos más llamativos son los de las grandes entidades que optaban a subvenciones para la formación de forma multiprovincial. La Consejería de Empleo había dividido la concesión de cursos en dos grupos. La primera, que ofrecía formación en varias provincias, se llevaba un 75% de las ayudas, que cada año podían sumar unos 500 millones de euros. Las adjudicaba directamente la Dirección General del Servicio de Empleo Andaluz (SAE).
El 25% restante se transfería a las delegaciones provinciales de Empleo de la Junta, que adjudicaban sus cursos. En este caso, la investigación policial se está centrando en el sistema de ayudas con compromiso de contratación. Su particularidad estriba en que se concedían de forma automática durante todo el año, sin convocatoria, a petición de las empresas. El único requisito era la contratación de los formados durante seis meses.
Fuentes del Gobierno andaluz explican que el fraude puede centrarse en grandes centros que utilizaban esas ayudas para nutrirse de personal cada seis meses. Después de ese periodo despedían a los formados y volvían a optar a las subvenciones. En algunos casos, las empresas recibían el 75% de las ayudas en una primera fase y renunciaban al 25% restante para no tener que justificar el montante. En otros, ni siquiera se impartían los cursos.
En este caso, las cuantías son menores y se calculan en pocos millones de euros en algunas provincias como Málaga. La contundencia del caso reside en la primera rama de subvenciones, las multiprovinciales.

Falta de concurrencia

Otro problema que se han encontrado en la Junta es la falta de concurrencia competitiva para otorgar las subvenciones. Es decir, las grandes entidades de formación como el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía (Forem) de UGT, la Faffe de la Junta, patronales provinciales de todo tipo y fundaciones como Forja XXI presentaban sus programas y la Consejería de Empleo se los aprobaba y subvencionaba.
La Ley General de Subvenciones estableció en 2004 que debía existir concurrencia competitiva para optar a las ayudas. La normativa andaluza ha retrasado su adaptación a esa exigencia.
Tanto, que en el año 2009 el SAE repartió ayudas públicas en concurrencia no competitiva en el 89% de los casos, por un montante total de nada menos que 276 millones de euros. El año siguiente, adjudicó 156 millones de euros -el 36% del total- en subvenciones sin respetar la concurrencia competitiva que marca la Ley de Subvenciones.
Estos datos aparecen en el demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentado a finales de enero sobre la fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo durante los años 2009 y 2010.
El régimen no competitivo del que ha abusado la Junta se salta los «principios establecidos en la Ley de Subvenciones, inspiradores del procedimiento de otorgamiento de subvenciones públicas, tales como el de igualdad, transparencia, concurrencia y objetividad», avisan los auditores de la Cámara de Cuentas.
Tantas irregularidades recoge la fiscalización sobre el SAE que el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, decidió abrir diligencias de investigación que posiblemente concluyan la próxima semana, según pudo averiguar EL MUNDO.
La Junta entendía que había entidades que estaban fuera de la exigencia de la concurrencia competitiva porque algunas formaban parte de los acuerdos de concertación, como la patronal andaluza o los sindicatos, y otras, como la Faffe, pertenecían a su propia estructura.
Por el camino han quedado sentencias que crean jurisprudencia al respecto y que preocupan ahora en la Junta. Por ejemplo, el TSJA declaró nulas en 2009 unas ayudas del acuerdo de Concertación Social de 2005 otorgadas por la Junta a los sindicatos CCOO (ocho millones de euros) y UGT (otros ocho millones) y a la patronal de empresarios (16 millones) en materia de formación profesional ocupacional.
Los jueces también dejaron sin efecto la orden posterior con la que la Consejería de Empleo trató de justificar la falta de concurrencia competitiva, y que «exigía a los solicitantes de determinadas subvenciones que tengan el carácter de más representativas».
Esto excluyó del concurso por las ayudas a CSIF, que recurrió el procedimiento, como también ha recurrido las ayudas de 2009 y 2010. Las sentencias del TSJA respecto a las subvenciones de 2005 fueron declaradas firmes por el Supremo en noviembre de 2012. La Junta esgrimió la imposibilidad de cumplir la sentencia porque los cursos ya se habían realizado.
Por este motivo, la Junta revisa ahora ayudas a la CEA por valor de aproximadamente 15 millones; a UGT por 11 y a la Faffe por unos 13 millones, según las fuentes.

Una exoneración generalizada

Ha surgido un problema grave con una figura administrativa de la que se ha abusado: la exoneración. Se trata de una fórmula excepcional que se utilizaba para que la entidad subvencionada no tuviera que justificar la ayuda como requisito básico para recibir el resto o que se le renovara.
Hay cifras alarmantes sobre la exoneración. En 2009, un total de 466 perceptores de 70,24 millones de euros en subvenciones del SAE se libraron de justificar las ayudas como requisito para seguir recibiendo fondos públicos. El año siguiente es aún peor, ya que el presidente del SAE emitió resoluciones de exoneración por valor de 226,9 millones de euros, que se le adjudicaron a 378 beneficiarios.
Además de estas resoluciones globales de exoneración, se han emitido otras individuales para «determinados perceptores», avisa la Cámara de Cuentas.
La normativa andaluza la contemplaba para casos en los que la Junta tuviera la responsabilidad en que no diera tiempo de la ejecución y justificación de los cursos, por motivos como el retraso en la convocatoria. El problema detectado ahora es el abuso de esa figura de forma generalizada, sobre todo en consorcios provinciales de formación o escuelas sectoriales como las de hostelería. De ahí deriva el retraso actual en sus pagos.



















El beneficiario del curso fraudulento despidió al parado denunciante y la Junta no hizo nada con la denuncia


El beneficiario del curso fraudulento despidió al parado denunciante y la Junta no hizo nada con la denuncia
Javier Martín, el parado que contó en su blog su experiencia en un curso fraudulento, no se paró en barras y denunció el caso a la Junta de Andalucía poco después de los hechos dando origen a una interesante correspondencia con el funcionario Pedro Jesús Sánchez Becerra, de la Consejería de Empleo, quien se dedicó a "torear", esto es, a no entrar en el fondo de la cuestión de la denuncia y a sembrar dudas sobre los hechos. Pero el adjudicatario del curso despidió al denunciante nada más enterarse.
En la primera contestación a la denuncia, Sánchez Becerra, un empleado público de la confianza de la Consejería puesto que incluso aparece como redactor de algunos de sus libros de orientación, admite que lo que recibió es una "sugerencia/queja" relativa a diversos aspectos referentes a cuestiones tales como la impartición, contenidos, etc.  "referente a un curso de Formación Profesional para el Empleo al que, según nos indicas, fuiste admitido y realizaste en la localidad malagueña de Alhaurín El Grande."


Tras respetar su opinión y decir que los "seres humanos" cometen errores, se dedicó durante más de cincuenta líneas a a hacer propaganda de los programas de empleo de la Junta sin atender el objeto de la denuncia. Incluso relataba los requisitos exigidos para ser adjudicatario de un curso que son los que no se cumplían. 



La respuesta de Javier Martín, días después,  fue contundente: "Lo que no puedo entender es que no se pongan medidas a la hora de comprobar si realmente las personas adjudicatarias de los cursos de formación, están o no capacitadas para ello. Me explico: El curso al que te hice mención que realicé fue de "Elaborador de Productos Cárnicos". El aula donde nos impartían la teoría estaba dentro de una nave con el techo de chapa, con lo que los cambios térmicos se notabanNo teníamos vestuarios (primero nos cambiábamos los chicos y luego las chicas, o vicerversa). El servicio era unisex y sin agua caliente. Las taquillas eran más antiguas que con las que yo hice la mili. Para las prácticas no contábamos con guantes de seguridad (los tuvimos que poner los alumnos)no había protectores de antebrazo, los cuchillos los tuvo que traer un compañero de su casa porque los de la fábrica eran malos...

Me dices en tu mensaje que las personas se pueden equivocar, y eso yo lo entiendo; pero también me dices que "los formadores han de cumplir los requisitos establecidos en los distintos Programas Formativos o Certificados de profesionalidad". Yo no creo que Juan Zumaquero Merino(el que se llevaba la pasta del curso) goce de esos requisitos, y si los cumple os está engañando a vosotros y lo que es peor, a nosotros.


Y añadía: "Lo que no es normal es que horas antes de que llegase la inspectora (Cármen Sánchez) al curso, nosotros ya lo supiésemos. Esto me da a entender que hay una mano negra que avisa de que se va a producir una inspección. Entonces a qué jugamos???



Respuesta de Pedro Jesús Sánchez Becerra



Le dice "de corazón" al denunciante que no pueden controlar los cursos que se dan en Andalucía completamente porque "el volumen de cursos de la oferta formativa de Formación Profesional para el Empleo, tanto presencial como a distancia o través de la metodología "on line"-"e-learnig", como sabrás, Javier, es muy elevado." Tras ello, le anima a arrimar el hombro y a dirigirse al Departamento de Seguimiento de la Delegación de Empleo en Málaga. 

Ante esta respuesta, el parado denunciante escribe otro correo electrónico de respuesta y dice:  "Si aquí de lo que se trata es de arrimar el hombro para que los parados salgamos de esta situación, te diré que esta mañana, tras haberse enterado Juan Enrique Zumaquero Merino (que es quien tú sabes el adjudicatario del curso que realicé) de los comentarios que te hago y de alguno que otro artículo que publico en mi blog, no ha tenido otra ocurrencia que rescindirme el contrato que me había hecho. Todo sea por arrimar el hombro.Y yo te pregunto: ¿Si a esta persona le han adjudicado un curso para crear empleo, por qué rompe un contrato cuando se dicen las verdades sobre él?
En segundo lugar: ¿Cómo es posible que la administradora de su empresa sea una tal Sra. o Srta. Mª Remedios González, Garci que trabaja en Redtrabaj@ (dirección que me mencionas en tu primer mensaje para que acuda a buscar trabajo) y sea ella quien ha tramitado todo el tema de mi despido?
En tercer lugar: ¿Cómo es posible que esta Sra. o Srta. pueda administrar la empresa de esta persona cuya razón social es Zureja Formación S.L.U. con C.I.F. B-93060366 con domicilio en C/ General Ibáñez nº 42 29013 Málaga, este sitio no sea más que una casa plurifamiliar y una fábrica de embutidos desvencijada sin ninguna estancia en la que se pueda impartir ningún tipo de materia, a menos que quieras quitar telarañas y roña por todas partes?
En cuarto lugar: ¿Cómo es posible que esta persona sea tan "choriza" que tras darme el finiquito aludiendo que no he superado el periodo de prueba, me lo haga firmar a fecha de 8 de los corrientes, robando 4 días a mi contrato?
Sencillamente te diré que vistos estos hechos no me queda otra idea que pensar que el caciquismo sigue estando presente en ciertos estamentos públicos en los que tú te encuentras."
El funcionario de Empleo duda de la versión del denunciante
Pedro Jesús Sánchez Becerra, de la Junta de Andalucía, Consejería de empleo, contesta de nuevo al denunciante, Javier Martín, pero esta vez ya empieza a poner en duda la versión del parado. Y le dice: "Con toda la sinceridad posible, que me sorprende, tanto como Funcionario de Carrera por Oposición que soy (es decir, servidor público) como persona humana, lo que me indicas en el correo al que te contesto ahora. Desde luego, permíteme la expresión, si todo es como tú indicas (no tengo motivos para dudarlo, pero siempre, en un Estado Social y Democrático de Derecho como es España, es necesario escuchar todas las versiones de todas las partes-estamos seguros que lo comprenderás-y tener todas los elementos probatorios fehacientes) se trata de una circunstancia difícilmente comprensible y realmente lamentable.


Pero a continuación le recuerda "que existen medios en nuestro Ordenamiento Jurídico para trasladar a los Organismos Públicos competentes aquellas circunstancias o hechos que se consideren no se ajustan a las normas. Luego confiesa ser un simple Funcionario "de a pié" y ahí quedó la cosa. 



El parado Javier Martín le responde que "para litigar con cualquier persona sólo hacen falta tres cosas: dinero, tiempo y ganas. Lo malo es que como parado no tengo dinero; tiempo, todo; pero sobre todo ganas. Pero aunque tú solamente seas un funcionario de a pie, tú sí que tienes los mecanismos para poder evitar que este tipo de aberraciones existan en el panorama público andaluz. Es más, como ciudadano te exijo que seas tú quien ponga en conocimiento de quien sea competente los hechos que te relato."



El funcionario de Empleo responde otra vez diciendo que  ya se ha trasladado-como se hace en estos supuestos- a la instancia correspondiente (nuestra Jefatura de Servicio, que, a su vez, se la trasladará a la Dirección Provincial de Málaga, ya que nosotros te respondemos desde Sevilla) tu queja sobre el curso de Formación Profesional para el Empleo que nos indicaste para que se lleven a cabo las actuaciones que legal y  reglamentariamente correspondan en Derecho.Puedes estar tranquilo con respecto a eso. La "máquina" administrativa está en funcionamiento."

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