domingo, 9 de febrero de 2014

Siete sentencias obligan a la Junta a decir cuántos externos trabaja en su Administración; LA JUNTA HACE CASO OMISO

El Sindicato Andaluz de Funcionarios demanda a la Junta que dé a conocer el número de empleados externos que tiene en la Administración. 



La Andalucía donde se prescinde de la Constitución ¿¿???? 



Quiebra del ordenamiento juridico constitucionsl y  administrativo =  sin ley y orden....




 El obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho y, como tal, es enunciado y recogido en el art.118 de la CE. 

Exigencia objetiva del sistema jurídico, la ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido al contenido del art.24.1 de la CE, cuya efectividad quedaría decididamente anulada si la satisfacción de las pretensiones reconocidas por el fallo judicial en favor de alguna de las partes se relegara a la voluntad caprichosa de la parte condenada o, más en general, éste tuviera carácter meramente dispositivo (STC 15/1986, de 31 de enero). De ahí que los arts.17 y 18 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, insistan en la obligación de todas las Administraciones Públicas, autoridades y funcionarios, Corporaciones, entidades públicas y privadas y particulares, de respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.






LA JUNTA HACE CASO OMISO

Siete sentencias obligan a la Junta a decir cuántos externos trabaja en su Administración

El Sindicato Andaluz de Funcionarios demanda a la Junta que dé a conocer el número de empleados externos que tiene en la Administración.

PEDRO DE TENA (SEVILLA) 

Desde enero de 2013, siete sentencias firmes obligan a la Junta de Andalucía a proporcionar información sobre las condiciones de contratación y funciones del personal externo. La Administración andaluza no ha acatado todavía ninguna de ellas. Recuérdese que hace sólo unos días saltó de nuevo a la luz pública el asunto de la empresa Umax Consultores. En la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, organismo que debería velar por la legalidad laboral, trabajó casi una veintena de empleados de dicha empresa sin que mediara contrato alguno entre la firma y Empleo.

Es decir, el personal externo, bien el procedente de antiguas empresas públicas y fundaciones de la Junta asimilado a la función pública y de empresas y trabajadores intrusos es un tema de primera magnitud por su coste y por su repercusión en la adulteración de la administración pública. Ante la oposición de la Junta a dar la información, se estudia la vía penal.

La letrada de la Junta de Andalucía se ha dirigido de nuevo a la Sala y mediante un escrito ha vuelto a formular allanamiento, esto es, aceptar las pretensiones del demandante, en este caso el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el sexto en un año. A raíz del mismo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratifica el nuevo allanamiento y dará origen a una octava sentencia que fallara a favor de que la Junta aporte la información solicitada. Pero inútilmente porque la Junta no la entrega.


Dicho de otro modo, el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía ha reconocido el derecho de SAF a la obtención de la información solicitada en los recursos interpuestos, en la mayoría de ellos se trata de datos sobre los contratos que amparan la presencia de personal externo, las funciones que desempeñan, la disposición de clave privada de acceso a los sistemas informáticos y la relación de plazas vacantes y desdotadas.


El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha pedido por escrito a la Administración que acate las sentencias y facilite todos los datos referentes al personal externo. Ante la falta de respuesta, los servicios jurídicos de SAF estudian la posibilidad de continuar ejerciendo actuaciones legales, incluida la vía penal, hasta que la Junta cumpla sin dilaciones los fallos. SAF lleva años exigiendo toda la información referente a uno de los despilfarros más polémicos y descarados de los últimos tiempos, culminados en la Ley 1/2011 de reordenación el sector público andaluz, consecuencia del "Decretazo" que hizo empleados públicos a los empleados de las empresas públicas y entidades dependientes de la Junta, en número, según la UGT, de 35.000 personas.


Además, el SAF ha recurrido los estatutos de una Agencia, la de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, al amparo del Tribunal Constitucional y agotar así todas las vías legales posibles contra una privatización del servicio público de dependencia, que supone al erario público 3.200 millones de euros, según la Cámara de Cuentas.

En 2013 el número de funcionarios y personal laboral de la Junta ha bajado en casi 30.000 trabajadores respecto a 2012. Una cantidad similar se baraja que forma la Administración paralela. O sea, dice el sindicato, se ha recortado en empleo de calidad para llevar a cabo una externalización en la que los mayores perjudicados son los ciudadanos que no pueden acceder a un empleo público por los cauces legales que reconocen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El SAF, organización representativa de la mayoría de los funcionarios andaluces, exige a la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa toda la información sobre los miles de externos y quiere que explique no sólo los contratos y sueldos, sino el tipo de funciones que realizan, ya que la Ley 7/2007 establece que las potestades públicas únicamente deben ser ejercidas por personal funcionario como garantía de neutralidad en la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía.

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