miércoles, 5 de febrero de 2014

La junta arde en conflictos Las protestas se intensifican en el «nuevo tiempo»

Numerosos colectivos manifestan su oposición a las políticas del Gobierno andaluz con encierros, movilizaciones y denuncias en los tribunales


Las protestas se intensifican en el «nuevo tiempo»

Contra el enchufismo


El proceso de reordenación de la Administración andaluza a través de la denominada «ley del enchufismo» ha sido una de las medidas más contestadas, hasta el punto que consiguió la unidad de acción de todos los sindicatos afectados, salvo UGT y CC.OO, que se alinearon con el Gobierno. Pese a la lluvia de recursos presentados en los tribunales por organizaciones como CSIF y SAF, la Junta se ha mantenido en sus trece, favorecida últimamente por las sentencia del Tribunal Supremo. Aunque los trabajadores han abierto una especie de compás de espera y las protestas en la calle han cesado, no se descarta una nueva campaña de movilizaciones. Y aún confían en que el Constitucional invalide de principio a fin la actuación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, empeñada, según CSIF y SAF, en mantener situaciones como la de otorgar potestades administrativas al personal no funcionario. Además, critican la paralización que sufren las carreras de los funcionarios y laborales por la falta de ofertas de empleo, mientras que en paralelo se sigue colocando al «personal externo» en la conocida como «Administración paralela», sin los requisitos de «igualdad, mérito y capacidad», según denunció a este periódico un portavoz de CSIF.

..No todo es bueno en los nuevos tiempos  susánidos. Los EEPP seguimos en pie de guerra. "La junta arde en conflictos"



    La junta arde en conflictos

    Las protestas se intensifican en el «nuevo tiempo»

    josé cejudo / sevilla
    Día 02/02/2014 - 08.31h

    Numerosos colectivos manifestan su oposición a las políticas del Gobierno andaluz con encierros, movilizaciones y denuncias en los tribunales

    Cuando aún no se han cumplido cinco meses desde que la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, tomara posesión del cargo e inaugurara, según sus palabras, un «nuevo tiempo» en la política andaluza, las protestas contra el Gobierno bipartito no sólo han entrado en un proceso de apaciguamiento, sino que se han acrecentado. Algunas, como la respuesta de los sindicatos de funcionarios a la reodenación de la Administración (ley del enchufismo) y los problemas con Delphi vienen de lejos. Pero otras se han fraguado en las últimas semanas o en los últimos días. Ahí están las reivindicaciones de los monitores administrativos o el rechazo a los recortes que sufren los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y sus efectos en el Plan Infoca.

    Encierro contra los recortes

    La Consejería de Medio Ambiente es el departamento que ha sufrido en el presupuesto de la Junta del presente año el mayor ajuste, un 12,4 por ciento menos que en 2013, circunstancia que ha derivado en un importante recorte, del 25 por ciento, en la nóminas de los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), los cuales respondieron con un encierro de delegados sindicales en la Catedral de Sevilla. La medida impuesta por la Junta afectaba a 5.000 personas, de las cuales 3.500 pertenecen al Plan Infoca de lucha contra los incendios forestales, a los que también se les reducía drásticamente la jornada laboral, en algunos caso limitada a un mes. En la tarde del pasado viernes, representantes de la Consejería y de los sindicatos alcanzaron un acuerdo que suponía la retirada de las medidas traumáticas. En la madrugada del sábado se lograba el acuerdo y se dejaba el encierro tras la negociación. La Consejería de Hacienda tenía necseidad de aplicar recortes en todas las agencias de la Junta. Los trabajadores se mostraron incluso dispuestos a aceptar alternativas al recorte salarial, como son las prejubilaciones voluntarias.

    El enfado de los monitores

    Los 840 monitores administrativos de centros escolares despedidos por la Consejería de Educación se encuentran «en pie de guerra» desde que se decidió que sus puestos de trabajo fueran ocupados por un personal distinto y a través de un concurso convocado por el Servicio Andaluz de Empleo. «Del colectivo que veníamos trabajando con anterioridad no han llamado a ninguno y me consta que ya se están poniendo reclamaciones en las oficinas del SAE», aseguró a ABC Virginia Vázquez, representante del colectivo.
    Señaló que el consejero de Educación, Luciano Alonso, «se mantiene en la postura de la soberbia y culpa a los sindicatos» de que se haya producido el despido masivo de los monitores. «No entendemos que un sindicato tenga que darle permiso a la Junta para contratarnos. Pero no nos vamos a callar porque tenemos razón y lo que se ha hecho con nosotros no se puede consentir». El miércoles volverán a repetirse las concentraciones ante las sedes de la Consejería de Educación, y el día 13 mantendrán una reunión con miembros de Comisión de Educación del Parlamento. Tienen el mes de febrero para que se dé marcha atrás, ya que el 1 de marzo sus antiguos puestos de trabajo deben estar cubiertos.

    Contra el enchufismo

    El proceso de reordenación de la Administración andaluza a través de la denominada «ley del enchufismo» ha sido una de las medidas más contestadas, hasta el punto que consiguió la unidad de acción de todos los sindicatos afectados, salvo UGT y CC.OO, que se alinearon con el Gobierno. Pese a la lluvia de recursos presentados en los tribunales por organizaciones como CSIF y SAF, la Junta se ha mantenido en sus trece, favorecida últimamente por las sentencia del Tribunal Supremo. Aunque los trabajadores han abierto una especie de compás de espera y las protestas en la calle han cesado, no se descarta una nueva campaña de movilizaciones. Y aún confían en que el Constitucional invalide de principio a fin la actuación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, empeñada, según CSIF y SAF, en mantener situaciones como la de otorgar potestades administrativas al personal no funcionario. Además, critican la paralización que sufren las carreras de los funcionarios y laborales por la falta de ofertas de empleo, mientras que en paralelo se sigue colocando al «personal externo» en la conocida como «Administración paralela», sin los requisitos de «igualdad, mérito y capacidad», según denunció a este periódico un portavoz de CSIF.

    Salud y Educación

    Dos sectores «estrella» de la política de la Junta, como son el de la Salud y el de la Educación, no han escapado de la reducción de sus presupuestos. Los planes de ajuste han traído consigo recortes en las nóminas, la desaparición de las ayudas sociales, despidos de interinos docentes, la proliferación de contratos eventuales y un malestar generalizado entre los profesionales, que lo han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos meses. Las puertas del Parlamento andaluz ha sido escenario de concentraciones de protesta contra las restricciones presupuestarias en materia de Educación, y la misma situación se ha vivido ante los centros hospitalarios de la Comunidad. En estos últimos las críticas se han sucedido últimamente por parte de los sindicatos debido a la saturación en momentos puntuales de las urgencias a causa de la gripe, lo que ha obligado a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a reforzar el personal y a poner en servicio nuevas camas.

    Colapso en los juzgados

    Con encierros, protestas y declaraciones de rechazo de los sindicatos más representativos del sector fue recibido el anuncio del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, de poner en marcha la nueva Oficina Judicial para la unificación de servicios procesales en todas las provincias de la Comunidad. Las organizaciones sindicales prevén que este nuevo instrumento provocará más despidos, mayores retrasos en la tramitación de los asuntos legales y un mayor colapso de los juzgados. La futura creación de la Oficina ha levantado ampollas y ha llevado el descontento a un colectivo de funcionarios que vive permanentemente inmerso en una situación conflictiva por la falta de recursos materiales y humanos. La pasada semana, sin ir más lejos, se produjo la última petición a la Junta por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para que dote de mayores efectivos a los juzgados que son de su competencia y están, dijo, «saturados de trabajo».

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