domingo, 9 de febrero de 2014

La duplicidad de ayudas de la agencia IDEA y el fondo de reptiles a una serie de empresas, nueva investigación de Alaya.

Por sus hechos las conocerás...

La duplicidad de ayudas de la agencia IDEA y el fondo de reptiles a una serie de empresas, nueva investigación de Alaya


¿Implacables contra la corrupción?


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La duplicidad de ayudas de la agencia IDEA y el fondo de reptiles a una serie de empresas, nueva investigación de Alaya

  • Viernes, 07 de Febrero de 2014 09:23
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La duplicidad de ayudas de la agencia IDEA y el fondo de reptiles a una serie de empresas, nueva investigación de Alaya
Mercedes Alaya ha abierto una nueva investigación en un auto firmado el 22 de enero. La juez ha detectado nuevas ayudas irregulares a empresas, pero, sobre todo, que muchas de las empresas ayudadas por la agencia IDEA, antes el IFA, se beneficiaron tambièn del fondo de reptiles.  En ese auto ordena abrir diligencias previas sobre nuevas ayudas excepcionales y avales concedidos por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual agencia IDEA, en el año 2009 a empresas en crisis. Alaya advierte además de estas empresas ayudadas fueron también beneficiarias de ayudas sociolaborales que están siendo investigadas en el caso de los ERE.

Esta asombrosa coincidencia, destaca La Razón,  podría constituir un indicio de que esa agencia convirtió este mecanismo en una forma de «inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión», según la magistrada. Esto es, la Junta habría entregado arbitrariamente dinero por dos vías a empresas "amigas" del PSOE, partido del gobierno de la Junta. En su conjunto, son 23 empresas, entre ellas, Pickman, A Novo Link y Aglomerados Morell. 

Tómese nota de que Libertad Digital ya recogió la denuncia del testaferro Juan Francisco Algarín sobre la existencia de una trama de facturas falsas paralela al caso de los ERE. En una entrevista mantenida con Libertad Digital, Algarín, uno de los correos y testaferros que entregaban sobres con dinero en el caso de los ERE, sostuvo que en realidad el dinero que él llevaba a Juan Lanzas y, a veces, a personalidades del PSOE, no procedía de las comisiones de los ERE sino del importe de facturas falsas que se elaboraban en la oficina de Eduardo Leal del Real, imputado en el caso, a petición de una gran cantidad de empresas, más de cien, aseguró. Según su testimonio, las facturas falsas servían para simular números rojos contables porque no todas ellas estaban inmersas en Expedientes de Regulación de Empleo ni todas ellas están radicadas en Andalucía aludiendo a que la red, tejida por Antonio Albarracín, cerebro del operativo junto con Juan Lanzas, que tenía oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao llegaba, al menos, hasta Asturias y País Vasco.
 
Ahora, Alaya considera que muchas de  las ayudas reguladas por la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se otorgaron sin la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno andaluz y traspasaron el límite de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la mencionada agencia pública.
 
Durante los ejercicios de 2008 y 2009, «el director general –en alusión a Jacinto Cañete– informó de que» se tratarían «una serie de propuestas para la autorización del pago de avales que habían sido autorizados por el anterior director general en aplicación de una interpretación propia de la normativa vigente, y que no habían sido aprobados por el Consejo Rector». Es más, en el acta de dicho órgano del 8 de junio de 2010, según recoge la juez, el entonces director general Antonio Valverde Ramos «ratificó finalmente los citados avales por importe de 55.870.814 euros».

Además,  un informe de la Intervención General de la Junta puso de manifiesto que en el ejercicio 2009 el total de los avales a prestar por IDEA, fijado en un importe máximo de 18 millones en el Presupuesto, se amplio inexplicablemente a «71.284.198 euros».
 
Asimismo, la Intervención General de la Junta detectó «la concesión de ayudas sin tener en cuenta el requisito previo de autorización del régimen de ayudas por parte de la Comisión Europea», por lo que la juez insta a un «análisis pormenorizado y separado de la presente causa» de los ERE por si la investigación revelara «una actuación fraudulenta de IFA/IDEA en la concesión» de ayudas públicas. El PP-A cifró los avales concedidos por IDEA entre 2008 y 2012 en 210 millones.
 
El mismo día abrir Alaya dictó otro auto en el que abría diligencia separada en relación a Astilleros de Huelva, empresa a la que la Junta concedió una ayuda de cinco millones de euros en 2011. Para la instructora, la procedencia de esa subvención, así como su «excepcionalidad» y el «procedimiento seguido» para su otorgamiento, merecen «un análisis pormenorizado y separado» del caso ERE por si «la investigación que se inicie revele una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo». Aunque la citada ayuda fue concedida con cargo al famoso ya «fondo de reptiles», «no se otorgó en aplicación a la Orden de 1 de abril de 2011 por la que se aprobaban las bases para la concesión de ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de reestructuración de empresas».

El PP andaluz, personado como acusación en el «caso ERE», denunció que para dar luz verde a esa ayuda a los Astilleros onubenses la Junta había «prescindido total y absolutamente» del procedimiento establecido en la citada Orden. Ambas resoluciones de la juez responderían a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para no dilatar más una causa que supera los tres años de instrucción.

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