CSIF presenta recurso de amparo contra fallos del Supremo que dan la razón al Gobierno andaluz 

La batalla legal contra el proceso de reordenación de la Administración andaluza, a través de la denominada «ley del enchufismo», se ha intensificado en los últimos días por parte de los sindicatos de funcionarios. La ofensiva se centra en el Tribunal Constitucional a través de recursos de amparo contra sentencias del Supremo que de alguna forma han venido dando la razón a la Junta, con las que se ha creado, según el sindicato CSIF, «una nueva estirpe de empleados públicos».

 Ya son casi cuatro años el tiempo que dura el rechazo de las organizaciones sindicales a la normativa que permitió que miles de trabajadores contratados a través de un procedimiento similar al de las empresas privadas, en la conocida como «Administración paralela», se integraran en agencias de la Junta de nueva creación en condiciones muy parecidas a las de los funcionarios de carrera que sí habían cumplido los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Si bien en un principio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) puso en jaque en sucesivas sentencias los planes del Ejecutivo, con posterioridad el Tribunal Supremo ha avalado el planteamiento de la Junta, quedándole a los funcionarios como última posibilidad para anular la normativa el Tribunal Constitucional.

.......el Supremo, de forma esquemática, ha entendido que esos trabajadores eran «empleados públicos porque trabajaban para empresas públicas. Y lo que ha hecho el Supremo es crear una nueva estirpe de empleados públicos», pero sin cumplir, en opinión de CSIF, con los preceptos constitucionales. «Por eso hemos pedido el amparo del Constitucional».

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20140225/sevi-funcionarios-tribunal-constitucional-201402241941.html

El Constitucional, el último cartucho contra el «enchufismo» de la Junta de Andalucía

josé cejudo / sevilla

Día 25/02/2014 - 11.16h

CSIF presenta recurso de amparo contra fallos del Supremo que dan la razón al Gobierno andaluz

abc

Protesta del sindicato CSIF ante dependencias de la Junta

La batalla legal contra el proceso de reordenación de la Administración andaluza, a través de la denominada «ley del enchufismo», se ha intensificado en los últimos días por parte de los sindicatos de funcionarios. La ofensiva se centra en el Tribunal Constitucional a través de recursos de amparo contra sentencias del Supremo que de alguna forma han venido dando la razón a la Junta, con las que se ha creado, según el sindicato CSIF, «una nueva estirpe de empleados públicos».

Ya son casi cuatro años el tiempo que dura el rechazo de las organizaciones sindicales a la normativa que permitió que miles de trabajadores contratados a través de un procedimiento similar al de las empresas privadas, en la conocida como «Administración paralela», se integraran en agencias de la Junta de nueva creación en condiciones muy parecidas a las de los funcionarios de carrera que sí habían cumplido los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Si bien en un principio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) puso en jaque en sucesivas sentencias los planes del Ejecutivo, con posterioridad el Tribunal Supremo ha avalado el planteamiento de la Junta, quedándole a los funcionarios como última posibilidad para anular la normativa el Tribunal Constitucional.

Nuevos pasos

Tras el recurso del PP en 2011 contra la ley, los pasos que se están dando ahora se centran en el desarrollo de la normativa, según ha explicado Marta Jiménez, letrada de la Asesoría Jurídica de CSIF en Andalucía. El recurso de amparo de este sindicato versa sobre el decreto que permitió la aprobación de los estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El argumento de la CSIF para presentar sus impugnaciones es que las personas contratadas por la Junta podían desarrollar su labor en las empresas públicas, pero no en las nuevas agencias porque se modificaban sus condiciones y se igualaban a las de los funcionarios. En opinión de Marta Jiménez, el Supremo, de forma esquemática, ha entendido que esos trabajadores eran «empleados públicos porque trabajaban para empresas públicas. Y lo que ha hecho el Supremo es crear una nueva estirpe de empleados públicos», pero sin cumplir, en opinión de CSIF, con los preceptos constitucionales. «Por eso hemos pedido el amparo del Constitucional».