Presuntos delitos de falsedad de documentos oficiales y privados, prevaricación de la autoridad o funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación
¿Pero que esta pasando en Andalucía....?...
Y......¿Por que todos callan????
Tenlo, en cuenta......
.....las cosas pasan por que se permiten....
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Comienzan a declarar los ocho imputados por la adjudicación de la página web del Parque Dunar
Presuntos delitos de falsedad de documentos oficiales y privados, prevaricación de la autoridad o funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación
Edificio del Parque Dunar.
La denuncia presentada en marzo de 2012 por la concejala del Ayuntamiento Fátima Pérez Jiménez (PP) en calidad de presidenta del consejo de administración de la entidad mercantil “Parque Dunar de Doñana S.L.”, por una serie de hechos que presuntamente podían resultar delictivos, ha dado como resultado la imputación de ocho personas en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la realización de la web por parte de la entidad en el año 2006, bajo gestión socialista. Desde este lunes, están prestando declaración en el Juzgado de La Palma del Condado.
Según las investigaciones de la Policía Judicial de Huelva solicitadas por la juez, la concesión de la Junta de Andalucía a Parque Dunar ocultaría la generación de un ingreso para saldar parcialmente una deuda con la empresa Demostrado S.L., subcontratada para gestionar durante dos años (2004-2005) dicha instalación. La documentación presentada, así como la adjudicación y justificación estarían plagadas de “irregularidades”. De este modo, la Consejería habría concedido plazos saltándose el contrato, falseando documentos que permitieran dar un aparente marco legal al proceso, por un trabajo que jamás se ejecutó según los términos fijados en el concurso público.
Entre los imputados, se encuentra su antecesora en el cargo, la que era concejala del Ayuntamiento y presidenta del consejo de administración de Parque Dunar desde marzo de 2004 a noviembre de 2011, y actual edil en oposición del PSOE, Azucena León, también imputada en los casos “campo de golf” y “Dehesa Santa María”. La entonces directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) Rosario Pintos, actualmente coordinadora general de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Del mismo modo, dos altos cargos de esta Consejería: R.P.M. –entonces jefe de servicio de Fomentos en Espacios Naturales de la Consejería y ahora secretario general del delegado provincial de Turismo de la Junta en Córdoba- y F.M.V., jefe de servicio de Coordinación y Gestión de la Consejería de Medio Ambiente, aún en el cargo.
También la ex jefa de la sección administrativa del departamento (E.L.S.), en la actualidad jubilada; dos antiguos representantes de la Fundación Doñana 21 y Parque Dunar: M.G.R. –director en aquel tiempo de esta última y miembro del Consejo de Administración en ambas entidades, y ahora delegado regional de Red Eléctrica Española en Andalucía- y J.C.F., entonces director adjunto de Doñana 21 y vocal en el consejo de administración en Parque Dunar, en la actualidad consultor. Por último, el consejero de la entidad Demostrado S.L. que presuntamente cobró la deuda (J.R.S), y director general de la entidad mercantil INGENIAqed S.A., de la que es filial aquella.
Según el Equipo de Delitos Económicos, pudieron cometerse los siguientes ilícitos penales: falsedad de documentos oficiales y privados, prevaricación de la autoridad o funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. El origen de la investigación se encuentra en un correo remitido en enero de 2011 al gerente de la entidad pública, en el que el responsable de Demostrado S.L. recuerda una deuda de 90.000 euros y el acuerdo consistente en la puesta en marcha de tres expedientes con el fin de saldarla: con Parque Dunar, Doñana 21 y la Consejería, a razón de 30.000 euros cada uno, y recordando que solo ha llegado “a buen puerto” este último.
La investigación
S
egún la investigación de la Guardia Civil, Azucena León informa en el consejo de administración de la sociedad celebrado en junio de 2005 acerca de la reunión mantenida con la dirección de Demostrado, en la que se aprueba para ese año un presupuesto con pérdidas de 62.943 euros. En la primera mitad de 2006 y desde la Consejería, se inicia un proyecto de página web sobre el Parque Dunar. La directora de la RENPA, Rosario Pintos, resuelve la contratación de una empresa para su elaboración.
Según la hipótesis de la Policía Judicial, se perfila un contrato “con la intención de encargarlo finalmente a Parque Dunar, disfrazando de procedimiento negociado una adjudicación directa”. De otro lado, se busca que el importe no supere los 30.050,61 euros para que el método de contratación sea el de “negociado sin publicidad”. En la dirección técnica del proyecto se incluye a un representante del servicio de informática que nunca aparecerá, “ya que si hubiese participado no podría dar su visto bueno sin cometer un ilícito penal”.
La asesoría jurídica de la Consejería advierte de la obligación de comprobar las determinaciones técnicas del pliego y que la empresa posea solvencia técnica y profesional, algo que -según el equipo de investigación- “obviarán los imputados para contratar a Parque Dunar”. En el contrato se fija una duración de cinco meses sin posibilidad de prórroga, “algo que se incumplirá posteriormente”.
En septiembre de 2006, el director del proyecto R.P.M. propone tres empresas como licitadoras y les da diez días para responder, “lo que supone un tiempo inferior al de los procedimientos considerados urgentes”. Además de a Parque Dunar, convoca a Iniciativas de Desarrollo Sostenible –perteneciente a la Fundación Doñana 21, agencia de la propia Consejería y poseedora del 50% de Parque Dunar-, y a una simple tienda de informática. La primera remite un oficio de renuncia y la segunda ni siquiera participa.
Por su parte, Parque Dunar presenta dos sobres el 13 de octubre para la adjudicación, pese a lo cual hay documentos con fecha posterior, como la relación de personas participantes en el proyecto y la copia compulsada del único informático que consta en el mismo (25 de octubre). Este ni siquiera pertenecía a la sociedad y sí a la Fundación Doñana 21. Una inclusión que al parecer desconocía hasta que se iniciaron las pesquisas. La documentación presentada no incluye propuesta metodológica sino que se entrega el pliego de prescripciones técnicas, al parecer, “facilitado por la propia Consejería”.
La apertura de sobres tiene lugar el 24 de octubre: El acta da a entender que se presentan dos ofertas, ambas correctas, lo que no es sino un “formalismo” -a juicio de la Guardia Civil en su hipótesis- “para otorgar el contrato a Parque Dunar”. Se obvian además las deficiencias de la oferta, como la falta de un informático o la no acreditación de servicios similares realizados con anterioridad. Por su parte, el acta de negociación entre Consejería y empresa resultaría falsa, “por cuanto se ha incumplido el pliego de prescripciones técnicas y Parque Dunar afirma tener suficiente grado de conocimiento para ejecutar el servicio”, lo cual resultaba incierto.
El contrato lo firman el 13 de diciembre Rosario Pintos y Azucena León. El punto tercero establece un plazo de ejecución de cinco meses sin posibilidad de demora. Por lo que sucede a continuación y según las diligencias, los investigadores deducen que la directora de la RENPA “participó de forma consciente en la ilícita adjudicación del contrato”. El 2 de mayo de 2007, la Consejería registra una prórroga solicitada por Parque Dunar, que la directora de la RENPA resuelve positivamente hasta el 5 de julio. Para ello, esta “aduce argumentos propios de una subvención y no de un contrato de servicios”.
Hechos más graves
El 27 de septiembre, Parque Dunar emite la factura de 30.000 euros, aunque según un informe en poder de los investigadores, la elaboración de los trabajos había concluido en mayo. Sin embargo, ambos documentos quedan sin registrar, debido a que el plazo había expirado sin advertirlo antes las partes. Esto motiva una cadena de irregularidades según la Policía Judicial, comenzando por la petición a Parque Dunar de una nueva prórroga con fecha 20 de junio, más una nueva factura, lo que se cumplimenta el 27 de noviembre. El sello de registro en Consejería es del día 29 de ese mes.
Además, puesto que el director del proyecto había cambiado de destino, Rosario Pintos y un jefe de servicio de la Consejería de Medio Ambiente, F.M.V., “proceden a falsear una serie de actos administrativos como si estos hubiesen tenido lugar en junio de 2007”. El primer lugar, un cambio de director el día 15 de aquel mes a favor de este último, cinco días antes de la petición de la nueva prórroga ficticia, aunque en realidad las fechas se miden mal. A continuación, el día 21, otro documento por el cual el nuevo director informa de una nueva prórroga –inexacta, ya que había vencido el 5 de julio- desde el 3 de agosto al 3 de diciembre, “con el fin de presentar la factura y el informe a tiempo”, siempre según las conclusiones de la Guardia Civil.
Siguiendo esta hipótesis, Rosario Pintos falsea también la resolución de la prórroga el mismo 21 de junio, dando un plazo de cinco meses y fecha de vencimiento el 5 de diciembre. Sus argumentos para justificarla “son arbitrarios, puesto que manifiesta que las causas que la han originado son ajenas a la empresa, cuando esta ha alegado la sobrecarga de trabajo en verano”, un hecho previsible. Por su parte, hasta el 14 de febrero de 2008 no se registran las facturas y el informe sobre los contenidos. Por último, el director no certifica la realización del proyecto hasta el 18 de marzo.
Esta certificación es falsa en opinión de los investigadores, ya que el pliego de prescripciones técnicas señalaba que había que entregar “tres cds y tres copias del informe, algo que se incumplió”. Además, ni se realizó el diseño de la página web ni se siguió la metodología y, por tanto, tampoco se integró en la página de la Consejería de Medio Ambiente como se había acordado. Como último dato relevante, el 23 de mayo de 2013 –fecha en la que los instructores del caso solicitan la documentación- se realiza por parte de la Consejería la captura de la certificación del pago, “lo que significa que el documento no figuraba hasta ese momento en el expediente”.
Según la investigación, Rosario Pintos ejecutó el documento contable de pago “consciente de las irregularidades”, y permitiendo que Parque Dunar ingresara los 30.000 euros, que tenían como verdadero destino final abonar una factura falsa de Demostrado S.L. La orden de pago se efectúa el 30 de julio de 2008, firmando los representantes que sostenían la sociedad Parque Dunar al 50 por ciento: J.C.F por la Fundación Doñana 21 y Azucena León en nombre del Ayuntamiento.
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