Importante. El SAF denuncia a altos cargos de Fomento y de EPSA por usurpación de funciones y prevaricación

El Sindicato Andaluz de Funcionarios asegura que los expedientes de desahucio de viviendas "son gestionados por personal externo, ignorando la protección de datos y aumentando el gasto".

..... estos altos cargos "también omiten el informe del gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que advierte de que las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo alargan la lista de funciones que no puede realizar personal externo añadiendo 'actuaciones propias de controles de seguimiento o comprobación de cumplimiento, registro, el archivo y clasificación de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes y de documentos o la tramitación de solicitudes'". 

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El SAF denuncia a altos cargos de Fomento y de EPSA por usurpación de funciones y prevaricación

El Sindicato Andaluz de Funcionarios asegura que los expedientes de desahucio de viviendas "son gestionados por personal externo, ignorando la protección de datos y aumentando el gasto".

EP, SEVILLA | ACTUALIZADO 18.10.2013 - 13:27
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia penal ante el juzgado de instrucción número 20 contra varios altos cargos de la Consejería de Fomento y Vivienda, entre ellos el viceconsejero, el secretario general técnico y el director de Administración General, y de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), como el director y los gerentes provinciales, toda vez que el sindicato aprecia "posibles delitos de prevaricación, usurpación de funciones y malversación de caudales públicos". 

Según ha indicado el SAF en una nota, durante los dos últimos años "se han publicado anuncios de las gerencias provinciales de EPSA en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que notifican a los interesados actos administrativos recaídos en expedientes de desahucio sobre viviendas de protección oficial de promoción pública", unos actos que "suponen el desempeño de potestades públicas", pero apunta que en los expedientes"figura personal externo como instructores". En ese sentido, indica que en la plataforma virtual de la propia consejería, concretamente en la página correspondiente al sorteo de viviendas protegidas, "aparece como 'funcionario asistente' una persona que no ostenta tal condición". 

Para el SAF, ello supone "una nueva usurpación de funciones públicas que, en esta ocasión, supone que personal externo maneje todo tipo de información sensible y documentación confidencial, con el acceso a claves internas de la Consejería e incumpliendo la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal". Considera que "no es la única legislación que la Administración vulnera, pues también ignora el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 6/1985 de Función Pública de la Junta, la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta y el Decreto 2/2002 que aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional". 

"No hay instrucción ni orden de servicio del secretario general técnico, del viceconsejero o del director de EPSA que evite esta polémica usurpación, cualquiera de ellos podría acabar con estas ilegales encomiendas, en base a la Ley 9/2007 de Administración de la Junta, al decreto 150/2012 sobre estructura orgánica de la Consejería o en virtud de los estatutos de dicha empresa pública", asevera el sindicato. 

El SAF critica que estos altos cargos "también omiten el informe del gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que advierte de que las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo alargan la lista de funciones que no puede realizar personal externo añadiendo 'actuaciones propias de controles de seguimiento o comprobación de cumplimiento, registro, el archivo y clasificación de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes y de documentos o la tramitación de solicitudes'". El SAF califica de "inadmisible" que la Administración "se excuse en la falta de personal para cometer estas actuaciones al margen de la legalidad y gastando el dinero público sin cortapisas".  

Ha apuntado que ya reconoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla, en un auto que "anulaba" el protocolo de integración del personal de la extinta Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que "es la Administración Andaluza la que ha dado los pasos para llegar a esta situación (caótica), es esa Administración la que ha integrado como empleados de la Agapa a nada menos que 1.852 trabajadores laborales de la empresa Dapsa sin pasar por ningún concurso u oposición, sin someterse a la transparencia de unas pruebas públicas sobre mérito y capacidad. Y en consecuencia si la Junta de Andalucía es la única e inequívoca responsable de la situación, será ella igualmente la única responsable de las calamidades que anuncia". 

De esta forma, indica que, extrapolando lo expuesto por este magistrado a la actual denuncia, el sindicato considera que "si en las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda no hay suficiente personal funcionario para desarrollar potestades administrativas", la Junta de Andalucía "dispone de numerosos medios -oferta de empleo público, modificación de relación de puestos de trabajo, cuerpos propios de funcionarios o nombramientos de interinos o de personal fijo discontinuo- respaldados por Ley, mucho más directos y económicos, y que dan la oportunidad a los ciudadanos por igual a acceder a la Administración pública, en un momento económico crítico como el que atraviesa la comunidad andaluza". 

"Si la legislación vigente establece que las funciones de inspección, control, sancionadora y subvencionadora son potestades administrativas concretadas, entre otras, en la gestión y tramitación de expedientes administrativos, aún a titulo de simple consulta, ordenación, clasificación o archivo y la realización de los controles administrativos, cuál es el trabajo que están realizando las cientos de empresas públicas que sostiene la Junta con el dinero de los ciudadanos", se pregunta el sindicato.