La Junta y los sindicatos amigos...
Alaya acusa a CCOO y UGT de financiarse 10 años con los ERE.
- La juez dice que se impusieron por sistema "de manera arbitraria e ilegítima pagos como contraprestación a su papel "facilitador"
- La juez acusa de "financiación irregular" a CCOO y UGT con las comisiones de los ERE.; Alaya dice que los sindicatos impusieron los cobros "como contraprestación a su papel facilitador" y le atribuye una "actuación decisiva" en el "ilicito uso" de fondos públicos: la instructora acusa al "broker" González Mata de "saqueo de las arcas públicas".
- "O les pagabas o no hacías la operación"
- Las aseguradoras "se extrañaron" por las elevadas comisiones; Guerrero convenció a Vitalicio de que las "sobrecomisiones estaban justificadas"; La Junta a pagado 58 millones para prejubilar a mineros; 4,5 en comisiones.
- Los deseos de Guerrero.
- IU admite "intranquilidad" por que el caso salpique al Gobierno.
Alaya ve 'financiación irregular' de los sindicatos con las comisiones de los ERE
- La juez Alaya acusa directamente a González Mata en su auto de prisión
- También a UGT y CCOO por su 'actuación decisiva' en el 'uso ilícito de fondos'
Europa Press | Sevilla
Actualizado miércoles 19/06/2013 12:14 horas
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el dueño de Uniter, José González Mata -a quien este martes envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros-, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta", haciendo alusión asimismo al "enorme enriquecimiento" que el imputado experimentó con este "saqueo", ya que es titular de 32 inmuebles, de los que 29 los adquirió "en el periodo investigado".
Hay que recordar, en este punto, que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En el auto de prisión, la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.
La juez añade que, "en este ilícito uso de fondos públicos, tendría también una actuación decisiva junto al inculpado representantes de los sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter, o de la propia empresa, así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís".
Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.
El papel de los sindicatos
A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".
Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter comocontraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".
En el auto, la juez también hace alusión a una serie de "pagos directos" a Guerrero a través de dos asientos incluidos en la contabilidad de Uniter "que reflejarían pagos de 25.000 y 75.000 euros con el concepto 'J.Guerrero', tratándose de dos cheques que serían cobrados por la empresa Andalucine, relacionada societariamente con la entidad Producciones Barataria, perteneciente a la hermana de la delegada provincial de Medio Ambiente en Sevilla y que en 2005 recibiría una subvención de más de 300.000 euros".
La inclusión de 'intrusos'
La juez también achaca al imputado su "activa participación" en la inclusión de intrusos, como por ejemplo los cinco empleados del establecimiento Almacenes Delgado, de la localidad del Cerro del Andévalo (Huelva), que fueron incluidos en 2006 en la póliza de Bolsa de Tharsis pese a que "nunca habían sido mineros".
De igual modo, añade la magistrada, González Mata "tendría un papel decisivo" en la inclusión del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés en Calderinox, "pues al parecer contaba con los parabienes" de Antonio Fernández, Juan Márquez y del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Asimismo, su intervención "sería también decisiva" en la inclusión del exconsejero de Empleo de la Junta en la póliza de González Byass, en la que Antonio Fernández "sabía que estaba incluido, y por la que podría haber llegado a cobrar 386.181 euros".
Enriquecimiento patrimonial
La juez señala que, frente a unos ingresos declarados por el imputado entre 2003 y 2010 de 755.369 euros, la entidad Cureña -perteneciente al dueño de Uniter al 100 por cien- "tendría unos abonos entre 2001 y 2012 de cerca de 55 millones de euros", según el análisis realizado por la Guardia Civil de las cuentas bancarias.
Al hilo, precisa que de estos 55 millones "al menos el 58 por ciento procedería de las ganancias de Uniter, más de 32 millones de euros", lo que "le habría permitido la realización de importantes inversiones, como la adquisición de nada menos que 29 inmuebles a partir del año 2001, fecha en la que interviene en su primer expediente, Santana Motor".
Estos inmuebles estarían repartidos entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Madrid, agrega la magistrada, quien también apunta que el imputado destinó 2,9 millones de euros "entre imposiciones a plazo fijo y productos de pasivo, así como inversiones menores tales como 1,2 millones en compra de acciones en bolsa". La juez considera, en suma, que el imputado habría destinado el dinero obtenido con las 'sobrecomisiones' a su propio enriquecimiento personal y "al sostenimiento de la trama".
Tras dos días de declaración, la juez envió a la cárcel al imputado después de la celebración de una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción aludió a la "participación y posición del imputado en la trama general de defraudación montada en torno al dinero público que desde la Junta se destinaba a la financiación de ayudas sociolaborales a empresas desde el año al menos 2001 al 2010".
Un mediador de los ERE dice que los sindicatos cobraban 'como medida de presión'
- UGT y CCOO cobraban un porcentaje en cada expediente, según Albarracín
- En caso contrario, los sindicatos amenazaban con no firmar los expedientes
Antonio Albarracín, ex director comercial de Vitalia, ha dicho este miércoles a la juez que investiga los ERE fraudulentos que los sindicatos UGT y CCOO cobraban un porcentaje en cada expediente como "una auténtica medida de presión" pues en caso contrario amenazaban con no firmar los expedientes.
Albarracín estaba ya imputado como responsable de la aseguradora Vitalia por las presuntas sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya y ha sido imputado de un nuevo delito de blanqueo de capitales por haber canalizado presuntamente esas ganancias a través de su empresa familiar Permar 21.
En el texto de su declaración, Albarracín afirma que la comisión que cobraban los sindicatos era "una auténtica medida de presión" ya que "se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos, los sindicatos, no hacen otros costes actuariales y no los revisan".
Ese coste suponía un 0,5 % para UGT y un 0,5 % para CCOO, la empresa "le exigía a la mediadora que le pagase ese importe" y "no tenían más opción, o lo pagabas o no hacías la operación". En Andalucía, la relación entre los directores generales de la Junta y los sindicatos era "enormemente fluida", recoge el acta de la declaración, aunque el imputado utilizó la palabra "compadreo", según han informado abogados personados en la causa.
Albarracín ha afirmado que, cuando en sus correos electrónicos se refería a la necesidad de pagar a "los señores del Sur", se estaba refiriendo al exsindicalista Juan Lanzas, encarcelado desde marzo en la nueva fase de investigación sobre los ERE, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras. Ha precisado que Lanzas cobraba de Vitalia un 5 % pero distribuido entre diferentes expedientes, de forma que el beneficio fuera "equitativo y proporcional".
La juez Alaya ha imputado a Albarracín haber comprado, con el importe de su "actividad ilícita", ocho inmuebles entre 2006 y 2011, así como haber recibido de Atrado Mensajería, una presunta empresa pantalla, 117.066 euros que "no obedecían a la prestación de ningún servicio".
La juez ha interrogado a Albarracín sobre el papel de los sindicatos después de que ella misma, en el auto que el martes envió a prisión al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, afirmara que UGT y CCOO habían disfrutado "durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular" pues habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".
Las empresas de González Mata destinaron entre 2001 y 2011 un total de 3.253.031 euros a UGT y CCOO, mientras que la aseguradora Vitalia destinó 4.291.384 euros, añadió el auto, que calificó estos hechos como un "saqueo de fondos públicos".
Tras la declaración de Albarracín, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de 200.000 euros y que se mantengan las medidas cautelares de bloqueo de sus cuentas corrientes y prohibición de disponer de todos y cada uno de sus bienes inmuebles, así como el embargo de dos vehículos que constan a nombre de Permar 21.
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