Respuesta de la consejería de agricultura al escrito de denuncia de CSI.F, sobre expropiación de competencias de delegación provincial para acopio y ensanche de la agapa
Importante comentario final: Sin Estado de Derecho, ni ordenamiento jurídico administrativo aplicable, sólo queda la ley de la selva....
Con fecha 27 de septiembre hemos recibido en la sede de CSI.F almería respuesta al escrito presentado por CSI.F de esta provincia solicitando información y denunciando la absorción de competencias de agapa en la tramitación y procedimiento administrativo de concesión de ayudas a jóvenes agricultores (orden de 8 de julio de 2011). –hasta la fecha no hemos recibido respuesta del delegado provincial de jaén-
En la respuesta recibida se aclara que la información que nos facilitan proviene de servicios centrales, es decir, la consejería de agricultura informa que:
1.- Al personal funcionario y laboral del departamento de infrestructuras agrarias no se le ha despojado de sus funciones porque ¡¡atención!! "siguen interviniendo en la tramitación de las ayudas de las ¡convocatorias anteriores!, donde existe un alto volumen de trabajo". ¡¡no se puede ser más caradura o desvergonzado!!
2.- "Que cuentan con personal funcionario en agapa(funcionarios de ocas) para actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, con ello dicen que no incumplen la norma"
Desde Jaén os comentamos:
1.- Dado que no hemos recibido respuesta del delegado provincial de jaén reiteraremos la petición en las próximas horas
2.- Desde el sindicato csi.f se adoptarán todas las medidas judiciales oportunas al respecto
3.- No vamos a permitir que las agencias nos vacien de competencias
Seguiremos luchando
Nuestro comentario para todos:
Aqui no se avanza nada......la Junta impone sus reglas, en caso de que el ordenamiento jurídico, lo impida, aqui la Constitución se la saltan ; no hay limites.....
Las potestades públicas estan pensadas para todas las actuaciones que realizan los EEPP es una configuración legal no acotada legalmente en cuanto a su contenido, es un "concepto jurídico indeterminado"; la condición de empleado público hace que las tengas; se confiere a estos: los EEPP es el colectivo profesional, configurado legalmente, para garantizar el interés general, la seguridad juridica, la imparcialidad, el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo......
Los contratados laborales privados no pueden ejercer funciones ni competencias pública ni garantizar un interés público, cuya salvaguarda no les compete; en los expedientes administrativos no se pueden desgajar dentro de una tramitación de un procedimiento, las funciones de unos y de otros; ni los efectos juridicos administrativos de las distintas fases de los procedimientos, públicos o privados, segun el personal que las realice.....
Un método ineficaz, disfuncional, choca contra la seguridad juridico administrativa de los ciudadanos y conculca y lesiona las bases de regimen jurídico de funcionamiento de las Administraciones públicas, 149.1.18 de la CE.
Cuando la Junta, utiliza su poder legal para vaciar de competencias y funciones a los empleados públicos; los indiciós son claros, la Junta de Andalucía practica conductas de "mobbing" contra sus propios empleados públicos; lesiona sus derechos fundamentales.
Ejemplos del caos jurídico que estan generando: este personal no se le puede imputar los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos.......tampoco se le puede atribuir, fe publica en ninguna de sus actuaciones, presunción de veracidad etc...., .....
Sin Estado de Derecho, ni ordenamiento jurídico administrativo aplicable, sólo nos queda la ley de la selva....
Las potestades públicas estan pensadas para todas las actuaciones que realizan los EEPP es una configuración legal no acotada legalmente en cuanto a su contenido, es un "concepto jurídico indeterminado"; la condición de empleado público hace que las tengas; se confiere a estos: los EEPP es el colectivo profesional, configurado legalmente, para garantizar el interés general, la seguridad juridica, la imparcialidad, el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo......
Los contratados laborales privados no pueden ejercer funciones ni competencias pública ni garantizar un interés público, cuya salvaguarda no les compete; en los expedientes administrativos no se pueden desgajar dentro de una tramitación de un procedimiento, las funciones de unos y de otros; ni los efectos juridicos administrativos de las distintas fases de los procedimientos, públicos o privados, segun el personal que las realice.....
Un método ineficaz, disfuncional, choca contra la seguridad juridico administrativa de los ciudadanos y conculca y lesiona las bases de regimen jurídico de funcionamiento de las Administraciones públicas, 149.1.18 de la CE.
Cuando la Junta, utiliza su poder legal para vaciar de competencias y funciones a los empleados públicos; los indiciós son claros, la Junta de Andalucía practica conductas de "mobbing" contra sus propios empleados públicos; lesiona sus derechos fundamentales.
Ejemplos del caos jurídico que estan generando: este personal no se le puede imputar los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos.......tampoco se le puede atribuir, fe publica en ninguna de sus actuaciones, presunción de veracidad etc...., .....
Sin Estado de Derecho, ni ordenamiento jurídico administrativo aplicable, sólo nos queda la ley de la selva....
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